Más sanciones a Venezuela; “no” al uso de la fuerza

NACIONES UNIDAS (AP) — Más de una docena de países latinoamericanos y Estados Unidos acordaron el lunes investigar y detener a colaboradores y altos funcionarios del gobierno venezolano de Nicolás Maduro que se sospecha cometieron delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Los diplomáticos, sin embargo, descartaron una intervención militar tras reunirse en Nueva York, donde esta semana se lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas.

La investigación y detención de sospechosos está contemplada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río, que data de la Guerra Fría y que varios países latinoamericanos invocaron recientemente en un esfuerzo por incrementar las presiones y forzar la salida de Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, dijo al concluir la reunión del TIAR que 16 naciones habían votado a favor de la resolución, que es de cumplimiento obligatorio.

Uruguay fue el único que votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. Cuba no estuvo presente.

Se decidió formar grupos de trabajo que compartirán información financiera sobre individuos y entidades vinculados con el gobierno de Maduro.

El objetivo es localizar y congelar bienes en países donde se podría estar escondiendo el producto del narcotráfico y de actos de corrupción.

“Es un paso trascendental, de inmensa significación, en favor de la paz", dijo el canciller Holmes.

El anuncio forma parte de una ofensiva diplomática contra el gobierno de Maduro que incluyó condenas a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela por parte del Grupo de Lima y de la Unión Europea y que alcanzará seguramente su punto culminante el miércoles, en que los representantes latinoamericanos se reunirán con el mandatario estadounidense Donald Trump.

No está claro hasta qué punto esta iniciativa puede ayudar a quebrar el apoyo de los militares a Maduro.

Más tarde, durante un encuentro con cancilleres de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó que países de América Latina y el Caribe se presten de "manera sumisa" a las supuestas pretensiones de Washington de "agredir" a Venezuela, invocando "írritamente" el TIAR.

La invocación del TIAR "representa una amenaza a la paz y la seguridad de Venezuela, y de la región, con falsos supuestos, con falsas hipótesis para tratar de agredir a Venezuela", dijo Arreaza en una declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión.

Muchos de los signatarios del Tratado de Río de 1947 ya reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, como se proclamó en enero, en su condición de presidente de la Asamblea General, diciendo que Maduro se había mantenido en el poder a partir de un fraude electoral. Ya hay funcionarios que no pueden viajar o cuyos bienes fueron congelados, aunque no en forma colectiva.

El tratado dice que una amenaza contra uno de los signatarios debe ser tomada como una amenaza contra todos, pero los países que quieren ver el fin del gobierno de Maduro dijeron que buscan una solución pacífica y Holmes manifestó que ni se mencionó la posibilidad de una cooperación militar durante un encuentro a puertas cerradas llevado a cabo en un hotel de Manhattan bajo fuertes medidas de seguridad.

Venezuela se retiró del Tratado de Río en 2013, pero el grupo aceptó el pedido de admisión de Guaidó, que envió una delegación.

El líder opositor exiliado Julio Borges, el principal asesor de Guaidó en materia de política exterior, dijo que cada país analizará qué medidas tomar para presionar a Maduro.

Los países que buscan la salida de Maduro dijeron que es imperioso contener la crisis migratoria venezolana.

“La crisis de los refugiados y los migrantes venezolanos está pasando a ser una de las crisis humanitarias más grandes de nuestros tiempos y su magnitud plantea grandes retos a la región”, declaró la UE a través de su Grupo de Contacto Internacional (GCI) para Venezuela, que realizó una reunión de nivel ministerial en Nueva York.

“Se calcula que unos 4,3 millones de venezolanos se han ido mayormente a países vecinos, que son los más afectados por la crisis”, dijo la UE, citando cifras de la ONU.

Agregó que “la única solución sostenible a la crisis venezolana es política, pacífica y democrática, que excluya la fuerza, y a través de elecciones presidenciales creíbles y transparentes”.

Una delegación enviada por Guaidó, reconocido como presidente legítimo de Venezuela por medio centenar de países, se reunió por la mañana con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó hace poco un informe crítico de la situación en Venezuela.

“Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe que usted (Bachelet) presentó sobre Venezuela. No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados”, expresó Julio Borges, quien encabeza la delegación.

En su informe Bachelet se mostró “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.

“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”, afirmó la también expresidenta chilena.

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El reportero de la AP, Pablo Elías Giussani, colaboró en este despacho.