Texas: Inician audiencias para migrantes en cortes móviles

SAN ANTONIO (AP) — Cortes instaladas en carpas en dos ciudades fronterizas de Texas comenzaron el lunes a procesar a miles de migrantes que son obligados por el gobierno federal a esperar en México en lo que sus solicitudes de asilo avanzan a través de los congestionados tribunales de inmigración

La corte en Laredo abrió con un juez que atendió casos a través de una videoconferencia. Los detractores del sistema han criticado el procedimiento debido a que es cerrado al público y dificulta a los abogados el acceso para brindar representación legal.

Uno por uno, los migrantes ingresaron a la carpa y dijeron que tenían miedo de ser enviados de regreso a México. El grupo incluía a una mujer hondureña que cargaba a su hija de 4 años de edad, a un salvadoreño que dijo que huía de amenazas de muerte y a otro hombre que indicó que se ocultaba mientras esperaba una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.

Los inmigrantes son parte de una política implementada por el gobierno del presidente Donald Trump llamada Protocolos de Protección a Migrantes, pero mejor conocida como el programa “Permanencia en México”. Los migrantes conversaron por video con un juez de San Antonio, a donde tenían que trasladarse los observadores que quisieran monitorear las audiencias.

La jueza Yvonne González tenía 52 casos en su expediente. Del otro lado de la pantalla, 26 personas se presentaron al tribunal en Laredo. González podía verlos a través del monitor instalado en su juzgado. Después de unos 20 minutos, la jueza se alistaba a terminar la audiencia cuando uno de los hombres levantó la mano y pidió la palabra. Ella le dijo que continuara.

“Bajo ninguna circunstancia estoy en posición de pedirle algo”, dijo en español, de acuerdo con declaraciones distribuidas por el traductor de la corte. “Pero quisiera pedirle. Mi familia está aquí conmigo y tenemos miedo de quedarnos en México”.

González le dijo que atendería su caso más adelante. Entonces, una segunda persona pidió la palabra y también expresó su temor. A la larga, ocho personas expusieron sus casos.

Una mujer dijo que tenía que pagarle a alguien para que la llevara de regreso para su audiencia. Otra dijo que había sido secuestrada y robada.

The Associated Press no identificó a los migrantes que hablaron por cuestiones de seguridad.

González miró a los abogados del gobierno federal presentes en su juzgado y les preguntó sobre el papel de México en la situación. “¿Están ayudando con un lugar dónde quedarse?”.

Uno de los abogados, Kevin Terrill, respondió que no sabía la respuesta.

La jueza se reunió con los abogados del gobierno federal y después reanudó las audiencias. Le pidió a todos aquellos que tenían miedo de volver a México se pusieran al frente para que estuvieran más cerca de su pantalla, y luego les dijo que un guardia de seguridad los llevaría a otra sala en la carpa para que pudieran ser procesados por otra agencia y determinar si serían enviados de vuelta a México.

Horas antes, se les dijo a unos 200 migrantes que se presentaran al cruce fronterizo en Nuevo Laredo, México, a las 4:30 de la madrugada de forma que fueran trasladados por el puente hasta el tribunal en carpas ubicado del lado estadounidense.

En Brownsville se ubica un segundo tribunal en carpas. A los periodistas se les prohíbe el ingreso, a pesar de que en general las audiencias de las cortes de inmigración están abiertas al público. A diferencia de los procesos penales, en los casos de inmigración no se proporcionan abogados de oficio. Pocos inmigrantes pueden pagarle a un abogado.

El programa “Permanencia en México” se ha convertido en una de las mayores herramientas del gobierno estadounidense para impedir que los migrantes crucen la frontera sur. México ha estado cooperando con el programa luego de que el presidente Donald Trump lo presionó.

Al menos 42.000 migrantes se han visto obligados a regresar a México este año tras cruzar la frontera. Muchos de ellos dicen que huyeron de la violencia o amenazas en sus países de origen con la esperanza de obtener asilo.

Un desarrollo crucial fue la expansión del programa en julio al extremo oriental de la frontera entre Estados Unidos y México. Del lado estadounidense se encuentra el Valle del Rio Grande en el sur de Texas, el corredor más concurrido para efectuar cruces fronterizos no autorizados. Del lado mexicano está el estado de Tamaulipas, conocido por su violencia desenfrenada y grupos delictivos que secuestran y atacan a migrantes.

Los inmigrantes y los activistas que intentan ayudarlos en ciudades fronterizas mexicanas han reportado que hay familias que duermen en albergues atestados, pensiones o campamentos al aire libre. El gobierno de México ha trasladado a muchos hacia el sur a ciudades consideradas más seguras, aunque no había garantía de que podrían regresar.

El gobierno de Estados Unidos les ha advertido a sus ciudadanos que no viajen a Tamaulipas debido a los riesgos para su seguridad. Mientras tanto, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Rio Grande testificó recientemente que la agencia estaba enviando a más de 1.000 migrantes por semana a Tamaulipas con el amparo del programa “Permanencia en México”.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que planeaba gastar 155 millones de dólares para construir y operar los tribunales en carpas, pero prevé que los costos sean menores que eso.

Cuatro personas que se presentaron ante González tenían abogados. Sus audiencias fueron breves, y ella les dijo que regresarían a la corte en un mes.

Luego convocó a las 22 personas restantes a que se pusieran de pie en un extremo de la sala y les explicó el proceso de la corte de inmigración. Fijó la fecha de sus próximas audiencias para el 16 de octubre y les dijo que era importante que asistieran, porque de lo contrario enfrentarían una orden de deportación en ausencia, lo que les impediría ingresar a Estados Unidos por 10 años.

Fue entonces cuando los migrantes describieron sus temores de volver a México.

Una vez que todo el mundo había sido escoltado afuera, ya sólo quedaba emitir órdenes de ausencia para las más de 20 personas que no acudieron a su audiencia. González les dijo a los guardias de seguridad en Laredo que ya podían apagar el video.

“Todos ustedes son muy eficientes”, afirmó. “Muchas gracias”.

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Los periodistas de The Associated Press Cedar Attanasio en El Paso, Texas, y Juan Antonio Calderón en Nuevo Laredo, México, contribuyeron con este despacho.