EEUU quiere que inmigrante pague fortuna en gastos legales
Un inmigrante mexicano que casi es deportado luego de que un abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas falsificase un documento radicó una demanda y logró que se hiciese justicia. La demanda generó una investigación y el abogado terminó en la cárcel, fijó un precedente legal en torno a los derechos constitucionales durante trámites de inmigración y recibió una pequeña suma de dinero de parte del abogado.
Pero a Ignacio Lanuza le salió el tiro por la culata cuando demandó al gobierno por las acciones del abogado y ahora el Departamento de Justicia trata de cobrarles a él y a sus abogados por sus gastos legales. El monto podría superar los 100.000 dólares.
En documentos presentados en un tribunal de Seattle, el fiscal federal adjunto Timothy Durkin dice que el gobierno debería poder recuperar ese dinero porque la demanda de Lanuza aduciendo que fue perseguido con malicia era frívola.
Los abogados de Lanuza, que trabajan para el Proyecto sobre Derechos del Inmigrante del Noroeste (Northwest Immigrant Rights Project), una entidad sin fines de lucro, respondieron esta semana diciendo que la presentación de Durkin buscaba “denigrar y hostigar al señor Lanuza y a sus abogados”.
Afirmaron que, lejos de actuar con malicia, presentaron un argumento creativo, de buena fe, y no incurrieron en un abuso del proceso judicial.
“El fiscal federal, en una actitud vengativa, quiere sancionar al demandante, como si el gobierno federal estuviese resentido porque el demandante obliga a uno de sus funcionarios a rendir cuentas por sus acciones corruptas”, dijeron en un escrito.
Lanuza fue sometido a un proceso de deportación en el 2009, luego de ser detenido por portación de armas, cuando Jonathan M. Love, un fiscal federal del ICE, como se conoce a la policía inmigratoria, por sus siglas en inglés, falsificase un documento diciendo que Lanuza había aceptado regresar voluntariamente a México en el 2000.
En base a ese documento, un juez de inmigración ordenó la deportación de Lanuza y una Junta de Apelaciones de Inmigración avaló la decisión. Pero en el 2011, un nuevo abogado de Lanuza se dio cuenta de que el documento era falso: Tenía el logo del Departamento de Seguridad Nacional, una dependencia federal que no existía en el 2000, el año que figuraba en el documento.
Luego de que se descubriese la falsificación, un juez de inmigración le dio la residencia permanente a Lanuza, un obrero de la construcción de 47 años. De este modo, Lanuza pudo quedarse en el país con su esposa y sus dos hijos, quienes son estadounidenses.
El mexicano demandó a Love y al gobierno nacional en el 2014. Acusó al abogado personalmente de violar sus derechos constitucionales al debido proceso. También hizo varias denuncias contra el gobierno, incluidas las de persecución con malicia y causar angustia.
Una jueza de distrito, Marsha Pechman, descartó inicialmente la demanda contra Love, pero la Corte de Apelaciones del 9no Circuito anuló esa decisión y dejó en claro que los inmigrantes pueden pedir resarcimientos a funcionarios federales que hayan violado sus derechos constitucionales.
Love, quien fue sentenciado a un mes de cárcel, a entregar su licencia para ejercer por una década y pagarle a Lanuza 12.000 dólares, accedió a pagar 6.250 dólares para resolver la parte de la demanda que lo afectaba.
El juez desestimó todas las denunciad de Lanuza contra el gobierno, excepto una, porque dijo que ha ya había prescrito la causa. Solo mantuvo una denuncia: La de persecución maliciosa.
Durkin le escribió a los abogados de Lanuza, exigiéndoles que retirasen su demanda y amenazándolos con pedir sanciones si no lo hacían. Bajo las leyes federales, se puede demandar solo a “investigadores y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes”, y Love no encajaba en ninguna de esas categorías, según dijo.
Los abogados de Lanuza, sin embargo, arguyeron que, al falsificar evidencia, Love actuó como investigador y por lo tanto el gobierno debía pagar.
La jueza Barbara Rothstein, quien tomó el caso en el 2016, dio la razón al gobierno y desestimó el caso el mes pasado. Poco después, el 16 de agosto, el Departamento de Justicia exigió a Lanuza y a sus abogados que pagasen 25.000 dólares para evitar que pidiesen compensaciones más grandes, lo que hicieron cuatro días después.
No se sabe cuándo se pronunciará la jueza Rothstein.
