Nuevo obstáculo para firmas tecnológicas: Estados de EEUU

Las grandes firmas tecnológicas han resistido exitosamente los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para controlar o limitar su alcance. Pero ahora enfrentan un nuevo obstáculo: Los procuradores generales de casi todos los estados de la Unión.

En una inusual muestra de unidad, los procuradores de 48 de los 50 estados, junto con Puerto Rico y el Distrito de Columbia (Washington) están investigando a Google para determinar si la empresa está incurriendo en prácticas monopólicas. La iniciativa sigue a otra investigación de varios estados en torno al dominio del mercado que ejerce Facebook.

Estas investigaciones se suman a otras de la Comisión Federal de Comercio y del Departamento de Justicia, y a una de la comisión judicial de la Cámara de Representantes, impulsada por los demócratas.

Los estados han trabajado estrechamente en otras áreas, como la lucha por combatir el abuso de los opioides. Pero nunca se había registrado una colaboración tan amplia en un esfuerzo antimonopólico, lo que le da más peso a la investigación, según el procurador general de Utah Sean Reyes, quien es republicano.

“Hay una acumulación de frustración del público, ya sea de los consumidores, de otros sectores del mercado, de los reguladores y de los legisladores”, expresó Reyes en una entrevista el lunes.

Fiona Scott Morton, profesora de economía de Yale y funcionaria de la unidad antimonopólica del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Barack Obama, dijo que es importante que los estados tomen la iniciativa porque el gobierno de Donald Trump “no hace cumplir realmente las leyes antimonopólicas a no ser que el presidente esté molesto con alguna” empresa.

Mencionó el fallido esfuerzo del gobierno de Trump por usar las leyes antimonopólicas para bloquear la adquisición de Time Warner por parte de ATT y el anuncio del viernes de que las autoridades antimonopólicas investigarán a los fabricantes de autos que colaboraron con California en la fijación de nuevos límites para las emisiones de gases contaminantes.

“No es eso lo que quiere el consumidor”, afirmó. “El consumidor quiere ser protegido de conductas que impiden la competencia”.

Los estados no se involucran seriamente en el cumplimiento de las leyes antimonopólicas --creadas inicialmente para combatir a los barones de los ferrocarriles y de la industria petrolera en el siglo 19-- desde un caso contra Microsoft de hace dos décadas.

En el 2016, Reyes y su colega demócrata Karl Racine, procurador general de Washington, trataron infructuosamente de conseguir que la Comisión Federal del Comercio reanudase una investigación de si Google daba prominencia a sus productos en las búsquedas.

La Comisión decidió no involucrarse y dejó que los reguladores europeos tomasen la iniciativa en el exterior, según Reyes.

Alphabet, el conglomerado que controla Google, está valuado en 820.000 millones de dólares y controla tantos aspectos de la internet que es casi imposible usar la red sin toparse con alguno de sus servicios. El dominio que ejerce Google en las búsquedas online y en la publicidad le permite usar la información personal del millones de consumidores.

La firma, y otras similares como Amazon, Facebook y Apple, han dicho siempre que, si bien tienen un gran alcance, lo que hacen es útil y beneficia al consumidor. La mayoría de los líderes políticos de Estados Unidos no han cuestionado esa afirmación.

Pero la actitud del público ante estas industrias tecnológicas ha cambiado sustancialmente desde que Reyes y Racine enviaron sus cartas a la Comisión Federal de Comercio hacia el final del gobierno de Obama hace tres años. Uno de los principales responsables de ese cambio de actitud es el escándalo sobre la privacidad generado por Cambridge Analytica en Facebook, en el que una firma que recaba información política afiliada con la campaña presidencial de Trump accedió en forma ilegal a la información personal de posiblemente 87 millones de personas.

El lunes, Reyes y Racine volvieron a unir fuerzas, esta vez apuntalados por casi una docena de procuradores generales estatales mayormente republicanos en la entrada de la Corte Suprema. Otras decenas de legisladores de ambos partidos apoyaron la investigación.

“Ignorar a 50 procuradores generales es más difícil que ignorar a dos”, dijo Reyes. “DC (Washington) y Utah habían planteado estos temas, pero consideramos que no teníamos suficiente poder de fuego ni recursos”.

Scott, la profesora de Yale, dijo que la mayoría de los estados tienen leyes antimonopólicas muy parecidas a las federales, pero que a los procuradores generales puede costarles hacerla cumplir porque generalmente no tienen expertos en el tema. Sin embargo, añadió, pueden trabajar en forma conjunta y contratar especialistas.

Reyes sostuvo que no tiene nada de malo que Google domine el mercado de búsquedas en la web si lo hace limpiamente, pero que se tratará de comprobar si la firma se pasó de la raya y violó las leyes.

La asociación que representa a las firmas tecnológicas (la Communications Computer and Communications Industry Association, o CCCIA), que ha apoyado algunas medidas antimonopólicas en el pasado, expresó cierta inquietud acerca de lo que están haciendo los estados.

“Esperamos que las investigaciones respeten las leyes y se basen en la evidencia, y no tengan un trasfondo político, y que las dos partes --las firmas y las autoridades-- actúen de buena fe”, manifestó Ed Black, presidente y director ejecutivo de la CCCIA.

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Los reporteros de la Associated Press Rachel Lerman (San Francisco) y Marcy Gordon (Washington) colaboraron en este despacho.