Quiebra de Purdue complicaría demandas por opioides

Gobiernos estatales y locales han solicitado miles de millones de dólares a Purdue Pharma como una forma de responsabilizar a la empresa y a sus dueños de la epidemia de opioides en Estados Unidos, un posible pago que ahora está en duda después de que fiscales estatales dijeron que se vinieron abajo las negociaciones para llegar a un arreglo con la compañía.

Los fiscales generales directamente involucrados en las negociaciones con el fabricante de OxyContin y sus dueños, la familia Sackler, anticipan que Purdue se declarará en quiebra.

"Parece que habrá poco dinero para los demandantes si Purdue se declara en bancarrota y los Sacklers no dan dinero para llegar a un acuerdo", dijo Carl Tobias, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond.

Casi todos los estados y unos 2.000 gobiernos locales han demandado a compañías farmacéuticas por la epidemia de los opioides, a la que se le atribuyen más de 400.000 muertes en Estados Unidos en las últimas dos décadas. Los juicios consideran a Purdue, con sede en Stamford, Connecticut, como un villano particular, diciendo que al comercializar sus fármacos la compañía minimizó los riesgos de adicción y esto condujo a una prescripción más generalizada de opioides, a pesar de que sólo una fracción de dichos analgésicos vendidos en Estados Unidos eran sus productos.

El sábado, dos fiscales estatales que lideran las negociaciones con la compañía, el republicano de Tennessee Herbert Slatery y el demócrata de Carolina del Norte Josh Stein, enviaron un correo electrónico a sus colegas diciendo que las conversaciones estaban en un punto muerto y que "esperan que Purdue solicite protección por bancarrota de forma inminente”.

Una portavoz de Purdue y un representante de la familia se negaron a comentar sobre el correo electrónico, que fue obtenido por The Associated Press.

Purdue ha dicho durante meses que quiere llegar a un acuerdo que resuelva todos los reclamos de gobiernos estatales y locales en su contra, pero también ha amenazado con solicitar la protección por bancarrota.

Paul Hanly, abogado principal del grupo de gobiernos locales, sindicatos, hospitales y otros que demandan a la industria farmacéutica en un tribunal federal, dijo en un comunicado que cualquier fallo en las conversaciones no representaba a su grupo de clientes.

Si la empresa se declara en bancarrota, los Sacklers aún podrían estar expuestos a demandas. Al menos 17 estados han demandado a uno o más miembros de la familia.

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