Sigue la pesadilla para salvadoreña acusada por aborto

SAN SALVADOR (AP) — Sigue la pesadilla para Evelyn Beatriz Hernández, la joven salvadoreña que fue víctima de una violación y que tras haber sido acusada, procesada e inicialmente condenada a 30 años de cárcel por homicidio, fue finalmente exonerada de todos los cargos. Ahora corre el peligro de ser enviada a un nuevo juicio por un delito que jura no cometió.

Tras ser declarada inocente por segunda ocasión hace menos de un mes, Evelyn dijo que sentía que volvía a vivir, pero su caso sigue en el limbo porque la Fiscalía General presentó el viernes un recurso de apelación al fallo absolutorio para que un tribunal superior examine “la prueba sobreabundante y unívoca acerca de la responsabilidad penal de la demandada en el homicidio de su hijo”.

“Como Fiscalía General de la Republica somos responsables en el apoyo y acompañamiento de las mujeres víctimas en cualquier delito y en cualquiera de sus modalidades pero, en el caso de Evelyn Hernández, no hay elementos para considerarla víctima de ningún hecho, por el contrario, la única víctima es su hijo”, aseguró un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía.

La abogada defensora, Elizabeth Deras, dijo a The Associated Press que este es un recurso que efectivamente podía usar la fiscalía pero “esperábamos que cesara la persecución porque ha sido un juicio largo en el que ya tres tribunales han dicho que ella no puede ser condenada”. Deras explicó que después de notificarles la apelación, el Tribunal de Sentencia deberá de remitir el caso a la Cámara de la Segunda Sección del Centro, donde los magistrados analizarán y decidirán si es admisible.

El caso de Evelyn, que vive una remota zona rural al este del país, lleva meses atrayendo la atención internacional debido a que El Salvador persigue agresivamente a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

“La decisión de hoy subraya la criminalización inhuma y sistémica de las mujeres en El Salvador bajo la prohibición total del aborto en el país”, declaró Paula Ávila Guillén, directora de Iniciativas para América Latina en el Centro de Igualdad de la Mujer, según un comunicado de prensa enviado a AP.

“Desde un principio, los fiscales desmotaron su crueldad. Volver a victimizar a Evelyn por tercera vez revela los límites que el Fiscal General Raúl Melara está dispuesto a hacer para poner a una mujer inocente tras las rejas", agrega Ávila Guillén.

Por su parte, Morena Herrera, del Colectivo Feminista que defiende los derechos de las mujeres, dijo que “una vez más Evelyn sufre la crueldad judicial que se ejerce en El Salvador contra las mujeres que viven en la pobreza. Intentar condenarla nuevamente es negarle la posibilidad de rehacer su vida”.

Durante todo este tiempo la joven de 21 años ha sostenido que ignoraba haber estado embarazada producto de una violación. Sólo recordaba que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su comunidad con fuertes dolores abdominales. Al agacharse, dijo, el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. Su madre argumentó que había encontrado a su hija desvanecida y que paró una camioneta descubierta para llevarla a un hospital cercano.

Ambas insistieron en que no sabían que había un bebé en el tanque, pero la fiscalía nunca les creyó. El feto tenía 32 semanas de gestación y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara.

The Associated Press sólo identifica por nombre a víctimas de supuestos abusos sexuales si éstas hacen públicas su identidad y acusaciones.

Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica Centroamericana José Simeón cañas (IDHUCA), que formar parte del equipo de abogados de Evelyn, explicó a AP que “técnicamente la Cámara debe decidir si confirma la resolución y mantener que Evelyn es una persona inocente o en eventual caso podría anular la sentencia y ordenar que otro juez haga un nuevo juicio”.

La fiscal Marina de Ortega, de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad, explicó a los periodistas que en la apelación piden que se haga “una nueva revisión de las declaraciones de los testigos, de la prueba documental y pericial, técnica, y que la conozcan otros jueces”.

En 2017 Evelyn recibió unas de las sentencias más severas que imponen las leyes de El Salvador -que penaliza cualquier forma de aborto- pero la Corte Suprema anuló el fallo en febrero y quedó en libertad después de haber pasado 33 meses en prisión. Poco después se ordenó un nuevo juicio con otro juez en un hecho inédito en este país centroamericano y el Ministerio Público pidió 40 años de prisión.

El 19 de julio, después de casi tres años del calvario, el juez de Sentencia de Cojutepeque, José Virgilio Martínez, declaró inocente a Evelyn al considerar que se desmayó tras el parto y eso pudo evitar que auxiliara al bebé, que quedó en el fondo de una fosa séptica de su humilde vivienda.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, en casos como en el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado -aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y victimario- estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 40 años de cárcel.

Activistas han señalado que en El Salvador las mujeres procesadas son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.