Entrevista AP: CICIG tocó fuerte la impunidad en Guatemala

BOGOTÁ (AP) — Aunque no encabezó la comisión anticorrupción de Guatemala desde su creación en 2007, el nombre de Iván Velásquez cobró relevancia internacional hace más de media década por los casos de alto impacto que logró destapar durante su gestión.

El abogado colombiano que presidió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a partir de 2013, se vio obligado a vivir fuera del país centroamericano por tensiones con el presidente Jimmy Morales desde 2018, pero la huella de su trabajo sigue intacta a pesar de que el mandatario guatemalteco logró poner fin a la CICIG tras 12 años de operaciones.

“Llegamos casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco”, dijo durante una entrevista a The Associated Press.

El comisionado de 64 años nació en Medellín y actualmente vive en Bogotá, donde accedió a responder a las preguntas de AP.

Para Velásquez, la presión ejercida por la CICIG sobre el gobierno fue lo que llevó a Morales a terminar con el mandato de la comisión, cuyo último día operativo será el 3 de septiembre. En estos 12 años, el organismo --en cooperación con las autoridades locales-- logró propiciar que se encarcelara a cientos de personas, incluidos tres expresidentes acusados entre otras cosas de corrupción. Para los guatemaltecos éste es uno de los peores flagelos, pues incide en la pobreza y exclusión en la sociedad.

Según Velásquez, el “núcleo” del problema es la impunidad en el poder y por ello piensa que 2016 fue clave para su labor.

En aquel año, las investigaciones de la CICIG permitieron exponer públicamente el financiamiento electoral ilícito del influyente sector empresarial en Guatemala al partido que le dio el poder a Morales. Y si bien este tipo de prácticas no iniciaron en ese gobierno, sí podría pensarse que la esfera política del Ejecutivo empezó a sentirse amenazada con las pesquisas.

“Tocamos fuertemente la impunidad del poder”, asegura Velásquez, para quien esas acciones generaron miedo y posteriormente alianzas para terminar con la labor de la comisión.

“La impunidad se sintió lesionada”, afirma. “El circulo de la corrupción que se genera cuando no hay controles efectivos es de mucha incidencia en el fenómeno de la gran corrupción. Eso permite que quienes tienen el gran poder de financiar, puedan inclusive determinar las políticas de gobierno”.

La distancia entre Morales y la CICIG empezó en 2017, cuando la comisión y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentaron ante la justicia una acusación contra el hijo y el hermano del presidente por fraude por haber falsificado facturas y simulado un evento para favorecer a un conocido suyo.

El hijo del presidente confesó los hechos, pero tanto él como su tío fueron absueltos por un tribunal que aseguró no haber hallado suficientes evidencias en su contra.

Ese mismo año, la CICIG y la FECI presentaron una acusación contra Morales y los empresarios por el caso de financiamiento electoral ilícito y el mandatario reaccionó tratando de expulsar a Velásquez del país. Con ello, opina el comisionado, el mandatario “decidió declararse definitivamente enemigo de todo el progreso”.

Antes de llegar a la presidencia, Morales fue un comediante de televisión que durante su campaña repetía una promesa: “Ni corrupto ni ladrón”.

Las tensiones entre el poder y quienes lo confrontaban continuaron. Morales no sólo se enfrentó al comisionado --el tercero en obtener el puesto desde que la CICIG se creó--, sino que también chocó con la entonces fiscal general, Thelma Aldana, que había apoyado a la comisión y terminó su gestión en 2018. Para sustituirla, el presidente eligió a María Consuelo Porras.

“Cuando se produce esa designación por el presidente de la República, naturalmente tiene que nombrar a una persona que corresponda con lo que fue su gran odio a la comisión, a partir especialmente del mes de enero de 2017, que es cuando el caso de su familia se judicializa”, dice Velásquez sobre la actual fiscal general de Guatemala.

“Él (Morales) tenía que asegurarse una lealtad. ¿En qué medida es esa lealtad? No sé”, agrega.

Desde su asignación al puesto, Porras se negó a mantener contacto con Velásquez, con quién previamente se coordinaban las investigaciones y los casos manejados por la Fiscalía y la CICIG.

Encarar estos complejos escenarios hace pensar al comisionado que la lucha contra la corrupción guatemalteca puede ofrecer lecciones a otros países con circunstancias similares. “No hay arrepentimiento, pero la experiencia me enseñó que en una lucha contra la corrupción sistémica estructural --no contra episodios de corrupción, sino contra una corrupción que está realmente enraizada en el Estado-- es indispensable empezar por tener un sistema de justicia independiente, honorable”, dice.

“No es posible luchar efectivamente contra la corrupción si primero no hay una acción respecto del sistema de justica, que los jueces sean realmente independientes, que atiendan a la prueba existente, y no a las influencias o poderes que se ejercen sobre ellos”, agrega.

Una de las últimas denuncias entregadas por la CICIG a la fiscalía apunta que políticos acusados y condenados por corrupción eligieron en 2014 a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia con la intención de recibir algún tipo de beneficio. Para el comisionado, de comprobarse, esto podría provocar que los casos previstos para juicio el año entrante puedan caerse.

En 2020 iniciaría el juicio del caso La Línea, en el que se acusa al expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti de liderar una red de funcionarios y empresarios que defraudaron por sumas millonarias al erario público. “¿Qué es lo que va a ocurrir?”, se pregunta Velásquez.

El colombiano dice que al final el gran logro de la CICIG en el país puede resumirse en una frase que le dijo una colega: “El mayor aporte que pudo hacer la comisión a mi país fue que a ese gran muro de impunidad tan fuerte, que nosotros veíamos impenetrable, la CICIG le abrió un agujerito”.

Para el comisionado, su labor en Guatemala no ha terminado a pesar de que lleva más de un año viviendo lejos de ahí. Planea mantener cercanía a través de un proyecto para examinar temas de justicia y democracia tanto en su país natal como en el que dejó.

No obstante, piensa que los guatemaltecos también tienen un trabajo propio por hacer y cree que es necesario que haya más unidad en la sociedad. “Es necesario una unión entre todos los sectores guatemaltecos que estén por la democracia, para que se unan y establezcan los puntos mínimos por la democracia”.

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Pérez reportó desde Guatemala.