Guatemala: denuncian que cortes fueron electas por corruptos
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Guatemala habrían sido electos gracias al acuerdo de algunos políticos para obtener ciertos beneficios, señala una de las últimas investigaciones de la comisión anticorrupción de Naciones Unidas en este país centroamericano.
Como parte de un trabajo conjunto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló que entre los políticos que ayudaron a elegir en 2014 a algunos de los actuales magistrados del máximo tribunal estaba la exvicepresidenta Roxana Baldetti, presa y condenada por corrupción en un caso distinto.
El caso sobre la elección de miembros de la Corte Suprema, identificado como Comisiones Paralelas II, es una de las últimas investigaciones que hizo la CICIG antes de culminar su trabajo en Guatemala el próximo 3 de septiembre, y cuyos resultados fueron entregados a la fiscal general Consuelo Porras para que profundice y de considerarlo pertinente presente cargos.
Dos casos más sobre la corrupción en inversiones de obra de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un grave señalamiento de escuchas telefónicas que involucra a extrabajadores de la telefónica TIGO también son parte de los 60 expedientes entregados.
Según las investigaciones, el empresario Alejandro Sinibaldi --actualmente prófugo de la justicia, heredero y financista del Partido Patriota (PP) que llevó al poder a Baldetti y al expresidente Otto Pérez Molina, también preso por corrupción-- y el entonces candidato presidencial por el partido Líder, Manuel Baldizón --preso en Estados Unidos--, se repartieron la designación de los 13 magistrados que ocupan la CSJ, incluyendo a su actual presidente, Nester Vásquez, en 2014 cuando se elegían cortes.
El apoyo de los políticos corruptos habría consistido en tráfico de influencias en el Congreso de la República, organismo encargado de elegir a los 13 magistrados de la CSJ de una lista de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación para que los diputados de los partidos PP, Líder y Todos votaran a favor de los magistrados previamente negociados y designados.
La investigación se sustentó con declaraciones, documentación y una carta enviada por el propio Baldizón en la que confiesa los entramados de las negociaciones y la repartición de los cargos. Entre los magistrados que habrían sido electos por tráfico de influencias, según la pesquisa, están: Blanca Stalling, Vitalina Orellana, Silvia García, Patricia Valdez, Nester Vásquez, Nery Orellana, Douglas Charchal, Josué Baquiax, todos actualmente en sus cargos.
Por otra parte, destaca un caso más, que involucra al actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
La CICIG y la FECI allanaron su vivienda en noviembre de 2017 y encontraron documentación sobre escuchas telefónicas que Valladares Urruela habría realizado entre 2016 y 2017 contra su esposa y dos particulares más. Los números telefónicos pertenecen a la compañía telefónica TIGO, del cual fue gerente general y hasta 2018 tenía gran influencia.
Según la ley guatemalteca, solamente un juez puede ordenar realizar una escucha telefónica y la fiscalía es la encargada de hacerlo.
Poco menos de dos meses después de los allanamientos a su casa y oficinas, el gobierno de Jimmy Morales lo nombró en enero de 2018 Ministro de Economía, cargo con el cual adquirió inmunidad para no poder ser investigado.
En los allanamientos también se localizó un esquema en papel de los integrantes del partido político Semilla, junto a un listado de sus números telefónicos y con quienes mantenían comunicación.
Valladares Urruela ya enfrenta una solicitud de retiro de inmunidad por parte de la FECI por el supuesto pago de sobornos a diputados durante el gobierno del Partido Patriota para la aprobación de una ley de telecomunicaciones que favoreciera a la empresa TIGO, propiedad de Mario López, uno de los hombres más ricos de Centroamérica y que entonces era su suegro.
La CICIG también entregó información sobre investigaciones contra Estuardo Galvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el actual rector, Murphy Paíz, por acusaciones de malversación de fondos estatales en la adjudicación y pago de obra pública en la universidad que no se realizó por montos millonarios.
El jueves la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, anunció que ampliará la capacidad de la FECI, que durante 12 años trabajo junto a la CICIG en todos los casos de impacto del país.
