Aumento de la violencia policial divide a Río de Janeiro
RÍO DE JANEIRO (AP) — Es una escena que se repite, en promedio, cinco veces por día en Río de Janeiro: la policía abre fuego y alguien muere.
Grupos de derechos humanos y de víctimas de la violencia en Brasil han encendido las alarmas por el incremento récord en el número de muertos a manos de la policía, 1075 personas en los primeros siete meses del año. Al mismo tiempo, el gobernador del estado, Wilson Witzel, y el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro alientan una política de “tolerancia cero” contra el crimen y defienden mayor inmunidad para policías que maten por error.
En un balance por el primer semestre de su gestión, Witzel celebró que la policía perdió el “miedo a matar”. Pese a la preocupación que genera en parte de la población el aparente incremento de la violencia policial, las mejoras registradas en algunos indicadores de seguridad dividen opiniones sobre el accionar de la fuerza en un estado aquejado por el crimen desde hace décadas.
El gobernador ha adoptado una postura similar a la del presidente Bolsonaro, quien capitalizó el problema de la violencia convirtiéndolo en eje de la campaña que lo catapultó a la Presidencia de Brasil en 2018. Al igual que el gobernador y el presidente, muchos brasileños creen que las víctimas fatales de la policía son un daño colateral que debe asumirse en el combate al crimen.
“Infelizmente, la policía hoy necesita ser muy dura”, dice Isaque Samora, un conductor de Uber que vive en Duque de Caxias, un municipio emplazado en un área del estado que registra altos índices de delitos.
Samora dice que sólo trabaja durante el día para no ser blanco fácil de los delincuentes. Sin embargo, no ha evitado vivir en carne propia la inseguridad. Dos meses atrás, desprevenido, entró en una favela mientras llevaba a un pasajero. A los pocos metros, bandidos armados con pistolas y fusiles interceptaron su auto y le apuntaron a la cabeza creyendo que era policía.
“La seguridad sólo mejoraría rápidamente si todos los ciudadanos fuesen policías”, dice Samora, poco optimista con que haya una mejora drástica pronto. El año pasado votó por Bolsonaro seducido por la promesa de ser inflexible contra los criminales.
La policía de Río ha mostrado una nueva tesitura, haciendo eco del discurso de Bolsonaro y del gobernador Witzel. La fuerza estuvo involucrada en 1144 tiroteos en el primer semestre, un 25% más que en 2018, según Fuego Cruzado, una plataforma que monitorea la violencia. El comienzo del segundo semestre mostró que la tendencia no se ha revertido. Julio de este año, con 194 óbitos, fue el mes con mayor número de muertos por intervención de agente del estado al menos desde 1998.
A la par de un aumento de los muertos por la policía, hay números que avalan una posible mejoría en la seguridad del estado. Luego de siete meses, los homicidios cayeron 23%, los robos de vehículo 22% y la cantidad de drogas aprehendidas aumentó 9% respecto al mismo período del año anterior.
La violencia rebasa a Río, un estado donde cada día mueren 17 personas asesinadas, y es un problema acuciante en la mayor nación de Latinoamérica, que en 2018 fue escenario de 51.589 homicidios según datos preliminares del Foro brasileño de Seguridad Pública y el sitio de noticias G1.
“Existe un hartazgo con el avance de la criminalidad. Las medidas de represión más duras van al encuentro de la población que no soporta más vivir con índices de criminalidades tan altos”, explica el politólogo Ricardo Ismael, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río).
Desde antes de asumir el cargo en enero, el gobernador Witzel, un exmilitar y exjuez sin experiencia en la política, ha arengado a las fuerzas de seguridad a ser “truculentas” contra los delincuentes y a perder el “miedo a matar”.
El mensaje parece haber llegado a los agentes. En siete meses, las fuerzas de seguridad mataron al mayor número de personas en los últimos 21 años, momento en que comenzaron los registros.
Entre los centenares de muertos hay delincuentes fuertemente armados perseguidos por las autoridades pero también personas inocentes que quedan en medio del fuego cruzado y se convierten en víctimas de balas perdidas tanto de agentes del estado como de delincuentes.
No existe un documento que detalle las identidades de los fallecidos a causa de la presencia policial.
“Los hombres del gobernador están saliendo a dispararle a gente inocente”, reclama Jocely do Rozário Junior, quien culpa al estado por la muerte de su niño de 11 años.
En mayo pasado, Kauã, el hijo de Jocely, andaba en bicicleta como cualquier otra tarde en Vila Aliança, una favela de Río de Janeiro tomada por el tráfico de drogas, cuando en su camino apareció la policía. Según su padre, en medio de una persecución de sospechosos, la policía disparó y lo hirió. Cinco días después de recibir un diagnóstico de muerte cerebral, el niño que soñaba con algún día convertirse en pastor falleció.
Dentro de su pequeña casa, Jocely muestra los barriletes con los que su hijo jugaba. Luego de quince años viviendo en la favela, la violencia y la nostalgia por el recuerdo de su hijo lo llevaron a plantearse un objetivo hasta hace poco impensado: abandonar Vila Aliança.
La policía no reconoce haberle disparado al niño y dice que el caso está bajo investigación. No obstante, Jocely, basado en relatos de supuestos testigos del hecho, no tiene dudas de la culpabilidad de la policía.
“Mi hijo no era adulto ni traficante. No era nada, pero vivía con miedo cada vez que veía a policías”, dice Jocely. “No puedo callarme porque si no Kauã será solamente uno más en la estadística”.
Al gobernador no le preocupa el aumento de las muertes causadas por la policía.
Según Witzel, es natural esperar que los óbitos generados por la policía continúen aumentando durante su mandato como un síntoma de que está “golpeando fuerte” a la criminalidad, sentimiento que comparten muchos brasileños.
“Nunca vi a ningún agente matando por gusto. Cuando la policía mata es porque ejerció su función para evitar un riesgo mayor. En la sociedad civil, quien no hace nada errado, no tiene qué temer”, asegura Sonia Manzano, de 57 años e integrante de un movimiento de ultraderecha que defiende una intervención militar en el país.
No hay sondeos que dejen ver qué porcentaje de la población apoya o rechaza la política de seguridad del gobierno.
Al igual que otros férreos defensores de una política agresiva de las fuerzas de seguridad que The Associated Press contactó, Manzano se muestra reticente a dar una entrevista y finalmente, cuando accede, rehúsa hacerla en cámara. Pese a no declararse una seguidora de Witzel, ve como positivo el endurecimiento policial.
Por protocolo, en Brasil la policía debe detener a los delincuentes y presentarlos ante las autoridades para que sean juzgados. Los agentes apenas están exentos de responsabilidad penal al matar cuando su vida está en riesgo. Sin embargo, Bolsonaro y Witzel son proclives a otorgar mayor inmunidad a la policía y el gobierno nacional intenta avanzar con una legislación que otorgue mayor protección a agentes que maten durante operaciones bajo una figura denominada “excluyente de ilicitud”. Es decir, la policía podría aducir que actuó bajo miedo, sorpresa o “emoción violenta” para ser absuelta de cargos.
El gobernador dijo esta semana que evalúa la presentación de un recurso ante la Corte Suprema brasileña para que siente jurisprudencia sobre la legalidad del uso de tiradores de élite contra delincuentes armados con fusil para evitar eventuales procesamientos de los agentes que disparen.
En Río, los muertos por las fuerzas estatales han crecido en 2019 al calor de denuncias por asesinatos de inocentes, abusos de la policía y violaciones a los derechos humanos que cuestionan la efectividad de las operaciones.
Renata Souza, diputada del estado de Río y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa, acudió a Naciones Unidas en mayo pasado y presentó una denuncia contra el gobernador para que el organismo ejerza presión para detener presuntas violaciones a los derechos humanos.
Witzel, quien prometió una política de “tolerancia cero”, se jacta de que su administración pueda ser vista en el espejo con la del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien consiguió en los años 90 reducir drásticamente los índices de delitos de la ciudad, mientras se multiplicaban denuncias por abusos policiales y encarcelamientos arbitrarios.
“El propio gobernador reconoce que no va a respetar los derechos humanos. En Nueva York murió la juventud negra y pobre. (En Río) se mira a las personas de la favela y las periferias como criminales”, dice Souza.
The Associated Press solicitó reiteradas veces una entrevista con las autoridades policiales, que no respondieron al pedido.
A la par de la diputada, vecinos de favelas comenzaron a organizarse como un acto de resistencia contra la violencia policial.
“Hoy no somos guerreros, somos sobrevivientes. Tenemos que denunciar y reclamar por lo que sucede”, dice Bárbara Nascimento, una de las coordinadoras del grupo “Parem de nos matar” (Paren de matarnos), un movimiento de vecinos que ha levantado la voz contra la situación.
En febrero, una operación policial en el morro Fallet Fogueteiro dejó 15 muertos, el mayor número de decesos en una misma operación en dos años según Fuego Cruzado. No fue la cantidad sino la forma en que murieron los presuntos narcotraficantes lo que generó indignación de los vecinos de Fallet.
La madre de uno de los 15 muertos que pidió preservar su identidad dijo a The Associated Press que a su hijo le quebraron el cuello y le abrieron la barriga con un cuchillo antes de rematarlo, pese a que se había rendido.
La policía de Witzel, quien como gobernador es el jefe directo de la fuerza, ha apelado cada vez más a sobrevuelos de favelas con tiradores en helicópteros blindados. Además, retomó las operaciones durante la madrugada y los tiroteos dentro de los barrios humildes se hicieron cada vez más frecuentes.
En pocos lugares el sonido de las hélices genera pavor como en Maré, un complejo de favelas en la zona norte de la ciudad.
David Vicente es músico, tiene 20 años y forma parte de la orquesta de la Maré, un proyecto social destinado a los jóvenes de la favela. “Mi papel hoy es salvar niños, igual a como fui salvado por la orquesta”, dice.
“Yo era un niño con mucho tiempo libre, deambulaba mucho por la calle y hoy la mitad de mis amigos están envueltos en el tráfico. Debemos mostrar a los niños que tienen más de un camino que el obvio, que es el tráfico de drogas”, asegura.
El joven afirma que la mayoría de los vecinos no le teme a la policía, sino a quedar en medio de un tiroteo y, cada vez más, a los helicópteros de la fuerza utilizados como plataforma de tiro. “No estás seguro ni dentro de tu casa, porque el tiro puede entrar por el techo”, explica.
Vicente asegura conocer la receta, diferente a la del gobernador, para acabar con la violencia y la marginalidad. “Se resuelve de una manera: dando opciones para salir del tráfico, con educación y cultura como base. Yo no soy traficante hoy probablemente porque tuve acceso a ello”.
