Presidente de México en contra de enjuiciar a exmandatarios
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó el viernes en contra de enjuiciar a exmandatarios, pese a que aseguró que en un país presidencialista como México, el jefe del gobierno conoce todo lo que ocurre en su administración. No obstante, volvió a dejar abierta la opción de celebrar una consulta pública sobre el tema si la sociedad lo demanda.
“Mi propuesta era que se pensara en un punto final y sólo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta”, dijo tras dejar muy claro que él votaría en contra de tales procesos.
López Obrador hizo estos comentarios mientras hay un caso abierto contra Rosario Robles, quien fuera secretaria del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusada de conocer desvíos de fondos desde 2014 y no denunciarlos. El juez que decretó la prisión preventiva para Robles pidió además a la fiscalía federal aclarar si Peña Nieto fue informado de tales irregularidades.
En este sentido, López Obrador fue contundente. “El presidente de México tiene toda la información”, aseguró. “Todos los presidentes saben lo que sucede”.
El mandatario, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal batalla, insistió en que la fiscalía y el Poder Judicial tienen total autonomía y que su gobierno trabajará para que no haya impunidad.
Sin embargo, desde su toma de posesión se mostró reticente a enjuiciar a los exmandatarios porque, dijo, había que empezar una etapa nueva en lugar de apostar por la venganza.
Por otra parte, el presidente calificó de “sabotaje legal” y “tácticas dilatorias” la suspensión decretada por un juez el jueves que ordena al gobierno detener la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía hasta que no se resuelva el juicio de amparo interpuesto por varias organizaciones de la sociedad civil que se oponen a este proyecto.
“Es deporte nacional presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo”, agregó López Obrador. “Espero que se resuelva pronto”.
La decisión del juez puede ser apelada por el gobierno.
Distintos colectivos han criticado, entre otras cosas, la premura del proyecto y la falta de documentos técnicos que avalen su viabilidad e interpusieron más de 80 recursos legales para bloquearlo.
Los tribunales ya habían ordenado que la obra se paralizara de forma cautelar pero, a juicio de uno de los abogados litigantes, Gerardo Carrasco, de la ONG Mexicanos contra la Corrupción, esta última decisión es “de las más fuertes e importantes” porque no está condicionada a que el ejecutivo entregue documentos sino que bloquea los trabajos hasta el final del juicio de amparo.
Se desconoce cuánto puede durar este proceso pero podría llevar lo mismo meses que años.
El proyecto de López Obrador está ubicado en la base aérea militar Santa Lucía, al norte de la ciudad. El ejército estará a cargo de la construcción, con un coste de 4.100 millones de dólares, y la previsión era que iniciara operaciones a mediados de 2021.
Según el gobierno, este proyecto le ahorrará dinero a las arcas públicas, incluso considerando las pérdidas por la polémica cancelación de la terminal parcialmente construida en Texcoco e ideada por la administración anterior.
