Corte de P.Rico accede a escuchar demanda sobre Pierluisi

SAN JUAN (AP) — El Tribunal Supremo de Puerto Rico accedió el lunes a emitir un fallo sobre una demanda del Senado de la isla en la que impugnan que Pedro Pierluisi haya sido juramentado gobernador.

El tribunal dio a las partes hasta el martes al mediodía para presentar todos los papeles necesarios, y advirtió que no concederá prórrogas.

En la demanda se solicita un recurso judicial para que Pierluisi cese funciones inmediatamente, y también pide que el tribunal declare inconstitucional una ley del 2005 según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso para ser gobernador.

“Yo le quiero poner fin a esto, pero se lo voy a poner correctamente", dijo el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz durante una sesión especial en que la afirmó que permitirá que la corte decida el resultado, y añadió que Pierluisi tenía sólo 5 de los 15 votos necesarios en el Senado para su nominación previa a secretario de Estado.

Se desconoce qué tan rápido podría emitir un fallo el Tribunal Supremo o si convocará a una audiencia o simplemente emitirá una opinión escrita. Mientras tanto, los puertorriqueños que obligaron al exgobernador Ricardo Rosselló a renunciar tras casi dos semanas de protestas aguardan un nuevo giro en la crisis constitucional.

El abogado constitucional Carlos Ramos le dijo a The Associated Press que el Tribunal Supremo de la isla rara vez efectúa audiencias, y que al menos cinco de los nueve jueces tienen que estar de acuerdo para poder declarar inconstitucional una ley. No existe un plazo para que la corte emita un fallo, y no se puede apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos porque el asunto se refiere estrictamente a la ley constitucional de Puerto Rico, señaló.

Si el tribunal falla en favor del Senado, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez se convertiría en gobernadora, dijo Ramos, y añadió que no está claro si Pierluisi podría seguir siendo secretario de Estado o si ya no ejercería puesto alguno.

“Hay un issue bien técnico ahí”, afirmó.

Pierluisi fue nombrado secretario de Estado, el primero en la línea para suceder al gobernador, cuando la legislatura estaba en un receso la semana pasada. La Cámara de Representantes puertorriqueña le confirmó el viernes en el cargo por 26 votos frente a 21, lo que según Pierluisi le convierte en sustituto de Rosselló.

Sin embargo, el Senado no había votado sobre el nombramiento y aunque se esperaba que lo hiciera el lunes por la tarde, Rivera dijo que no habría votación.

En un comunicado, Pierluisi dijo que no había tiempo que perder.

“Aunque es lamentable que este asunto tenga que dilucidarse en nuestros tribunales, espero que sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”, indicó.

El anuncio del Tribunal Supremo significa implícitamente que una audiencia de la Corte Superior de San Juan programada para el lunes por la noche ha sido cancelada. El Senado inicialmente había presentado la demanda ante esa corte de primera instancia pero el lunes le pidió al máximo tribunal tomar el caso.

Rosselló renunció formalmente el 2 de agosto tras casi dos semanas de protestas avivadas por el descontento por la corrupción, la mala gestión de fondos y la filtración de un chat salpicado de insultos en el que él y otros 11 hombres se burlaron de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros.

La Constitución puertorriqueña indica que se requiere que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben al secretario de Estado, y que éste es el próximo en línea si el gobernador renuncia. Pero una enmienda señala que un secretario de Estado que va a suceder al gobernador no requiere la aprobación de ambas cámaras.

Sin embargo, expertos legales cuestionan la validez de esa enmienda y creen que es necesario que ambas cámaras refrenden a Pierluisi porque la enmienda contradice la intención de la Constitución y su declaración de motivos.

Pierluisi ha dicho que la votación en el Senado es intrascendente porque ya es gobernador. Sin embargo, el lunes emitió un comunicado en el que dijo que respetaría el desenlace de su votación.

“Lo único que le pido a los senadores es que antes de tomar su decisión escuchen al pueblo, a quien nos debemos todos”, afirmó.

Si la cámara alta vota en contra de que haya sido nombrado secretario de Estado, Pierluisi ha dicho que dejaría el cargo para que lo ocupe la secretaria de Justicia, la próxima en línea de acuerdo con la Constitución.

Pierluisi ha dicho que el sábado habló por teléfono con Rivera, que se postulará a gobernador en las elecciones generales de 2020. El presidente del Senado dijo que tiene dudas sobre Pierluisi e insiste en la necesidad de que la cámara alta evalúe su posible confirmación.

Para complicar más la situación, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, la capital de la isla, entabló una demanda el lunes inquiriendo si Pierluisi tenía derecho a juramentar el cargo el pasado viernes.

La crisis podría alargarse días e incluso semanas. Los expertos legales estiman que probablemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomará la decisión final si el Senado no aprueba que Pierluisi sea secretario de Estado y éste no renuncia al puesto. Una respetada organización de abogados ha acusado a Pierluisi de “secuestrar” la Constitución.

Los que se oponen al nombramiento del veterano político afirman que permitir que sea gobernador sería un grave conflicto de interés porque trabajó para una compañía que representó a la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla, que suma 13 años de recesión.

Durante su audiencia pública el viernes, Pierluisi dijo que se opone a varias medidas de austeridad _incluyendo el despido de empleados del sector público y la eliminación de un bono navideño_ solicitadas por la junta al gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, el cuñado de Pierluisi preside la junta creada por el Congreso para supervisar la reestructuración de la deuda de más de 70.000 millones de dólares después de que Puerto Rico se declarase en un tipo de bancarrota.

Pierluisi fue comisionado residente de la isla en el Congreso federal entre 2009 y 2017, y perdió las primarias contra Rosselló en 2016. También fue secretario de Justicia cuando el padre de Rosselló, Pedro Rosselló, era gobernador.