Bolsonaro va tras comisión de desapariciones políticas
RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente Jair Bolsonaro reemplazó el jueves a varios miembros de una comisión que investiga las desapariciones y homicidios ocurridos durante la dictadura en Brasil, días después de que lo confrontaron en torno a la participación del Estado en el asesinato de un activista de izquierda.
En un decreto que incluye la firma del ministro de derechos humanos de Bolsonaro y publicado en los registros oficiales se anunció el reemplazo de cuatro de los siete miembros de la comisión, incluyendo a su presidenta Eugenia Augusta Gonzaga.
Bolsonaro ha sido duramente criticado esta semana, incluso por sus aliados, después de cuestionar las circunstancias del asesinato de Fernando Santa Cruz, activista de izquierda, durante el régimen militar que estuvo al frente de Brasil de 1964 a 1985 y padre del actual presidente del Colegio de Abogados de Brasil.
El 24 de julio la comisión publicó un obituario oficial de Santa Cruz. Estipula que su deceso en 1974 fue “violento, provocado por el Estado brasileño, en un contexto de persecución sistemática y generalizada” contra activistas políticos durante la dictadura.
Unos días después, y sin presentar evidencia, Bolsonaro dijo mientras le cortaban el cabello que Santa Cruz fue asesinado por un “grupo terrorista”, Ação Popular. El mandatario declaró a la prensa que si el presidente del Colegio de Abogados de Brasil quiere saber cómo murió su padre, “le diré”.
Bolsonaro, ultraderechista y excapitán del ejército, con frecuencia ha elogiado al régimen militar y ha minimizado los abusos cometidos durante la dictadura.
En 2016, durante la votación para destituir a la entonces presidenta Dilma Rousseff, quien fue torturada por el régimen militar, Bolsonaro le dedicó su voto a un coronel que encabezaba la unidad de tortura.
“En memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff, voto a favor”, señaló Bolsonaro, que en ese entonces era legislador.
Después de ser elegido presidente el pasado 28 de octubre, Bolsonaro nombró a varios exgenerales en su gabinete. También pidió que se conmemorara el aniversario del golpe militar de 1964 en Brasil, lo que provocó que varios fiscales federales condenaran lo que describieron como una “apología a la práctica de las atrocidades”.
En 2014, la comisión nacional de la verdad de Brasil concluyó que por lo menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Se calcula que entre 30.000 y 50.000 individuos fueron arrestados ilegalmente y torturados. Bolsonaro dijo que el informe era “infundado”.
Para justificar los cambios realizados el jueves a la comisión, Bolsonaro dijo que son tiempos de cambio en Brasil.
“El motivo es que es el presidente ha cambiado, ahora es Jair Bolsonaro, de la derecha”, dijo a los reporteros. “Cuando pusieron a terroristas ahí, nadie dijo nada”.
Bolsonaro y su ministro de derechos humanos Damares Alves designaron a Marco Vinicius de Carvalho, uno de los principales asesores de Alves, como el nuevo titular de la comisión. El decreto otorga asientos en el organismo a un miembro del Ministerio de Defensa, que ya tenía uno en la comisión, y a un excoronel del ejército.
En una conferencia de prensa en Sao Paulo después de que se anunciara su despido al frente del panel, Gonzaga dijo que era “cruel” que Bolsonaro se burlara de los documentos oficiales sobre la muerte de Santa Cruz.
Señaló que los miembros de la comisión preveían que serían reemplazados desde el momento de las elecciones debido a su “papel destacado en la defensa” de las víctimas de la dictadura.
“Para nosotros, esta destitución fue una respuesta a nuestras manifestaciones, defendiendo los derechos de la familia de Santa Cruz y otras personas”, declaró Gonzaga.
Insistió también que la comisión, formada en 1995, no es un organismo gubernamental, como las secretarías, que cambian con cada gobierno.
“La comisión siempre ha sido apartidista, siempre incluyendo a personas que tienen algunos vínculos con este tema, y que no perciben sueldo”, dijo a un grupo de periodistas y familiares de las víctimas de la dictadura.
Felipe Santa Cruz, hijo de Fernando Santa Cruz, interpuso el miércoles una demanda ante el máximo tribunal de Brasil en torno a los comentarios del presidente sobre el caso. Santa Cruz, quien tenía dos años cuando su papá desapareció, escribió que las declaraciones de Bolsonaro mostraban “crueldad y falta de empatía”.
Según el periódico Folha de S. Paulo, el magistrado de la Corte Suprema Luis Roberto Barroso le dio a Bolsonaro un plazo de 15 días para que aclare sus declaraciones sobre Santa Cruz. Por el momento no fue posible contactar a nadie en la Corte Suprema para que confirmara la información.
