Procurador: Odebrecht no puede imponer condiciones a Ecuador
QUITO (AP) — La empresa brasileña Odebrecht no puede imponer condiciones a Ecuador para el pago de una indemnización por los perjuicios económicos causados por la trama de corrupción que ejecutó en este país, dijo el lunes el procurador Íñigo Salvador.
En declaraciones a periodistas aseveró que esa empresa “jamás podrá imponer como condición para el pago de una indemnización, que el Estado ecuatoriano la vuelva a contratar”.
“No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado”, agregó, pero sería después del pago de una indemnización que aún está bajo cálculo.
Destacó que para establecer un monto, la Contraloría, la Superintendencia del Control del Mercado y el Servicio de Rentas Internas están haciendo estimaciones de los daños causados por la millonaria red de corrupción establecida por Odebrecht, y que a ello se deberán sumar los daños inmateriales causados al Estado.
En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció haber entregado unos 33,5 millones de dólares en sobornos a autoridades ecuatorianas por la obtención de grandes contratos estatales, pero la procuraduría precisó que los sobornos superaron los 50 millones de dólares.
Por la red de corrupción han sido procesados judicialmente el ex vicepresidente Jorge Glas, separado de su cargo y en prisión, el excontralor Carlos Pólit, prófugo en Estados Unidos; varios exministros y otras altas autoridades, principalmente del sector de los hidrocarburos.
Esa empresa brasileña ha construido al menos 15 de las más grandes obras estatales ejecutadas en los últimos años, principalmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), entre ellas, centrales hidroeléctricas, carreteras, ductos nacionales para combustibles, proyectos de riego y otras.
Odebrecht reconoció que entregó sobornos por unos 800 millones de dólares en diversos países de Latinoamérica a cambio de la concesión de grandes obras de infraestructura, lo que posteriormente ocasionó que la justicia procesara a varios expresidentes, ministros y otros altos funcionarios públicos.
