Aprueban ley antiprotestas en el estado mexicano de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Congreso del estado de Tabasco aprobó el lunes una reforma al código penal estatal por la que se podrían imponer penas de hasta 20 años de cárcel por impedir la ejecución de obras públicas mediante protestas o manifestaciones.

El texto de la normativa de esta entidad del sureste de México dice que se sancionará de 6 a 13 años de prisión a quienes impidan “total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”, según un comunicado del Congreso estatal. “La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

Organizaciones sociales temen que esta nueva normativa, que han llamado “Ley Garrote”, se traduzca en una criminalización de las protestas.

“La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México”.

Esta organización considera también que con los cambios aprobados se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica.

La normativa ha generado especial polémica porque se aprobó en el estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de su partido, Morena, y el beneplácito del mandatario, aunque él mismo protagonizó en el pasado infinidad de manifestaciones y protestas sociales.

Sus críticos consideran que el objetivo de la misma es evitar protestas contra la construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de los multimillonarios proyectos de infraestructura de López Obrador que estará a cargo de la endeudada paraestatal energética, Petroleos Mexicanos, y cuya construcción se prevé comience en agosto.

“La izquierda fue víctima de la represión y ahora la avala”, dijo la politóloga Denisse Dresser en Twitter. “La izquierda fue víctima de la criminalización de la protesta social y ahora la impulsa”.