EEUU y Guatemala firman acuerdo de “tercer país seguro”

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump firmó el viernes un acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.

El acuerdo requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense.

La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos, aunque hay muchas interrogantes aún sobre cómo se ejecutará el acuerdo.

Trump consideró la concesión como una victoria, mientras trata de mostrar avances en sus promesas de campaña sobre inmigración.

“Este es un gran día”, declaró. “Hemos estado trabajando desde hace mucho con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la manera correcta”.

“Este acuerdo histórico sacará del negocio a coyotes y contrabandistas”, manifestó Trump.

El anuncio se hizo después que una corte de California impidió al gobierno de Trump aplicar nuevas políticas de asilo más restrictivas.

Ambas naciones habían estado negociando el acuerdo durante meses, y Trump amenazó el miércoles con imponer aranceles y otras represalias a Guatemala si no aceptaba el trato.

El presidente estadounidense elogió el viernes al gobierno guatemalteco, diciendo que ahora “Estados Unidos es su amigo, en lugar de que Estados Unidos sea su enemigo”.

Trump agregó que el acuerdo protegerá “los derechos de aquellos que tienen peticiones legítimas”, acabará con el “abuso” del sistema de asilo, y aminorará la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.

El mandatario añadió que como parte del acuerdo, Estados Unidos incrementará el acceso a visas de trabajo temporales H-2A a trabajadores del campo de Guatemala.

No queda claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió tres interdictos que impiden al gobierno tener un acuerdo sin la aprobación del Congreso.

El presidente guatemalteco Jimmy Morales dijo en Facebook que el acuerdo le permite al país evitar “sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas que diariamente envían nuestros hermanos, así como la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias”.

Jordán Rodas, procurador de derechos humanos, dijo que su equipo está estudiando la legalidad del acuerdo y si el ministro de Gobernación Enrique Degenhart tenía la autoridad para firmarlo.

El gobierno de Guatemala publicó en Twitter un comunicado sobre lo que llamó “Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección”.

En él, dice que en los próximos días el Ministerio del Trabajo suscribirá un acuerdo “mediante el cual se otorgarán visas de trabajo en el área agrícola, las que permitirán a los guatemaltecos viajar de forma legal hacia los Estados Unidos, evitar ser víctimas de estructuras criminales, trabajar de forma temporal y retornar a Guatemala, con lo que se fortalecerá la unidad familiar”.

Las condiciones de pobreza y violencia que obligan a salvadoreños y hondureños a salir de sus países también están presentes en Guatemala.

Y los observadores señalan que Guatemala carece también de los recursos para albergar adecuadamente, educar y proveer oportunidades a los posibles solicitantes de asilo.

En Ciudad de Guatemala, organizaciones sociales y estudiantiles criticaron el acuerdo con el argumento de que el país está sumido en la pobreza y el desempleo y carece de la capacidad para atender a migrantes, y convocaron a una manifestación para el sábado contra la medida.

Grupos activistas condenaron el acuerdo el viernes. Amnistía Internacional dijo que “cualquier intento de obligar a familias e individuos que huyen de sus países a buscar refugio en Guatemala es indignante”.

“El gobierno de Trump debe desistir de este plan cruel e ilegal para cerrar las puertas a familias e individuos que tratan de rehacer sus vidas en condiciones seguras”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de AI para las Américas.

Por su parte, el representante demócrata Eliot Engel, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión de Trump de firmar el acuerdo era “cruel e inmoral”.

“Además es ilegal”, agregó. “Sencillamente, Guatemala no es un país seguro para los refugiados y los que solicitan asilo, como lo requiere la ley”.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que esperaban que el acuerdo sea ratificado en Guatemala, y comenzar a implementarlo en algún momento de agosto.

El secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McAleenan dijo que el acuerdo era parte de un esfuerzo conjunto con Guatemala para atender la inmigración y combatir el contrabando de personas. Y afirmó que no se puede calificar a un país de inseguro para los refugiados.

“Es arriesgado etiquetar a un país entero como inseguro. Con frecuencia describimos a Centroamérica de manera muy generalizada”, dijo. “Obviamente hay lugares en Guatemala y Estados Unidos que son peligrosos, pero eso no significa que no tienen un proceso justo. Eso es en lo que se enfoca el estatuto. No significa a salvo de cualquier riesgo”.

El 34% de los arrestados por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre y junio eran guatemaltecos, más que cualquier otra nacionalidad. En segundo lugar se ubicaron los hondureños con 30%, seguidos por los mexicanos con 18% y los salvadoreños con 10%.

Cuando a Trump se le preguntó si esperaba forjar acuerdos similares con Honduras y El Salvador, respondió: “De hecho, sí”.

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Los periodistas de The Associated Press Kevin Freking, Luis Alonso y Jill Colvin en Washington, Elliot Spagat en San Diego, Peter Orsi en la Ciudad de México y Sonny Figueroa en Ciudad de Guatemala contribuyeron a este despacho.