Juez dice que aprobará acuerdo preliminar en caso de Motel 6
PHOENIX (AP) — Un juez federal le dijo el viernes a Motel 6 y a abogados defensores de los derechos civiles que planea aprobar preliminarmente un acuerdo en el caso en el que se afirma que se violó la privacidad de miles de huéspedes cuando la cadena hotelera dio su información a las autoridades migratorias.
El juez David Campbell le dijo a los abogados de Motel 6 y al grupo activista Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF, por sus siglas en inglés) que él aprobaría el acuerdo preliminar para fin de mes si se le efectúan cambios menores al documento.
Thomas A. Saenz, presidente y abogado general del grupo de defensa de los derechos civiles, dijo esperar que la decisión del juez envíe un mensaje a otras compañías que habían sopesado ayudar a las autoridades de inmigración. Varias de las principales cadenas hoteleras, incluyendo a Marriott y Choice Hotels en días recientes, han dicho que no permitirán que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas utilice sus habitaciones como instalaciones de detención.
“Esperamos que esta decisión desaliente a cualquier compañía que esté pensando echarle una mano a las autoridades de inmigración”, afirmó Saenz. “Es simplemente un mal negocio, algo de lo que ustedes pueden percatarse al ver el acuerdo”.
En éste se propone dejar 10 millones de dólares disponibles para reclamos de personas que participaron en la demanda colectiva. Algunas podrían recibir 75 dólares si eran huéspedes registrados; hasta 10.000 si la persona fue colocada en un proceso de deportación luego de que su información fue compartida; y hasta 200.000 dólares si la persona tuvo que pagar honorarios legales para defender su presencia en Estados Unidos.
El acuerdo propuesto también amplía el número de personas en la demanda colectiva para incluir a huéspedes de Motel 6 entre febrero de 2015 y junio de 2019.
El MALDEF (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación) demandó a Motel 6 en enero de 2018, diciendo que el darle la información de los huéspedes a agentes de inmigración sin una orden judicial violaba las leyes de privacidad y de los derechos civiles.
El propietario de la cadena, G6 Hospitality LLC en Carrollton, Texas, indicó que posteriormente emitió una directriz en la que prohibió esa práctica.
