Consejo de Seguridad evalúa desafíos para la paz en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El hijo de María del Pilar Hurtado gritaba acongojado al ver el cadáver de su madre en un camino sin pavimentar de la comunidad del norte de Colombia donde vivía su familia.

El muchacho pataleaba y se llevaba las manos a la cara. Unos transeúntes se detuvieron, observaron la terrible pena que lo afectaba pero poco pudieron hacer para consolarlo.

La desgarradora escena fue grabada con un celular y rápidamente alcanzó los titulares de prensa en junio en Colombia. Para muchos, la violenta muerte de la dirigente social fue otro duro recordatorio de que la paz no ha llegado a numerosas partes de la nación.

Ahora, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está conociendo de primera mano los desafíos para la paz, casi tres años después de la firma del histórico acuerdo con las FARC, mientras visita al mandatario, a políticos y a exguerrilleros.

Al arranque de la visita el viernes, los embajadores del Consejo manifestaron su firme apoyo al pacto que puso fin al conflicto más largo de América Latina, aun cuando observadores han advertido que es necesario avanzar más rápido en su ejecución para evitar nuevas escenas angustiosas de muerte.

A pesar de las inquietudes, el embajador peruano Gustavo Meza Cuadra sostuvo que el acuerdo “sigue siendo no sólo un ejemplo para Latinoamérica, sino para toda la comunidad internacional”.

El presidente Iván Duque, elegido el año pasado con su promesa de campaña de modificar aspectos cruciales del acuerdo, dijo que su gobierno continúa comprometido a ayudar a los excombatientes que deseen genuinamente dejar atrás una vida de violencia, pero que no tolerará a los que se vean involucrados en nuevos delitos.

“Pensemos en grande y miremos hacia adelante en lo que tiene que ver con la construcción de una paz donde el imperio de la ley sea su principal garante”, afirmó Duque al término de un almuerzo con los representantes del Consejo de Seguridad.

El gobierno de Colombia suscribió el acuerdo con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, al cabo de cuatro años de negociaciones en Cuba. Desde entonces, la mayoría de los 13.000 excombatientes comenzaron su transición hacia la vida civil. Miles de armas utilizadas en las más de cinco décadas de conflicto fueron fundidas y convertidas en un monumento en Bogotá. Los exrebeldes crearon un partido político y ahora tienen legisladores en la Cámara de Representantes y el Senado.

A pesar de esos importantes avances, los analistas han expresado preocupación de que el gobierno de Colombia no ha hecho lo suficiente para establecer su presencia en vastas zonas remotas que solían estar controladas por la guerrilla y que ahora están en manos de otros grupos armados ilegales involucrados en el tráfico de narcóticos.

La muerte de Hurtado se suma a la alarmante cadena de asesinatos de dirigentes sociales y excombatientes. Según la organización sin fines de lucro Somos Defensores, 155 activistas fueron asesinados en 2018, comparados con 106 el año anterior. La Defensoría del Pueblo de Colombia dijo que 462 líderes sociales fueron asesinados de enero de 2016 a comienzos de este año.

“El conflicto con las FARC, o con la mayoría de las FARC, ha terminado”, dijo Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina en el Centro Internacional de Académicos Woodrow Wilson. “Sin embargo, la posguerra con las FARC no significa un posconflicto para Colombia”.

El secretario general Antonio Guterres dijo este mes en un reciente informe que lamenta la “polarización y la división” en Colombia en torno a elementos del acuerdo de paz. Guterres pidió al gobierno garantizar que cualquier cambio al pacto respete los compromisos contraídos con los rebeldes que depusieron las armas.

Guterres también manifestó que es “profundamente preocupante” que la misión de la ONU en Colombia haya verificado 123 homicidios de excombatientes desde la firma del acuerdo de paz.

“Avanza muy lento”, dijo Adam Isacson, experto sobre Colombia en la Oficina de Washington para América Latina, en referencia a la implementación del acuerdo. “Si el gobierno hubiera aprovechado y aumentado su presencia en estas zonas, no se estarían viendo los mismos niveles de violencia”.

El acuerdo de paz continúa siendo un elemento divisivo en Colombia, donde muchos todavía se resisten a aceptar que exrebeldes sean ahora legisladores en el Congreso. El conflicto entre la guerrilla izquierdista, paramilitares derechistas y el Estado dejó al menos 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados.

Muchos han dudado del compromiso de Duque con la paz debido a su promesa de campaña de modificarlo sin “hacerlo trizas”. A la fecha, Duque no ha logrado impulsar sus propuestas. Después de reunirse el viernes con los representantes del Consejo de Seguridad, señaló que durante el primer año de su presidencia, el número de proyectos de desarrollo económico encabezados por exrebeldes, como iniciativas para cultivar café y piñas, se ha multiplicado de dos a 25.

En un informe en abril, el Instituto Krok para Estudios de la Paz Internacional en la Universidad de Notre Dame, encargada de dar seguimiento a la implementación del acuerdo, destacó que en 31% de los compromisos del pacto no se han dado aún los primeros pasos para su ejecución.

Sin embargo, el instituto dijo que el ritmo de ejecución en Colombia es “comparable a otros procesos de paz eficaces”.

Hurtado, que tenía cuatro hijos, había huido de una casa tras recibir amenazas de muerte y se estableció en una nueva zona, pero volvió a ser objetivo, dijeron grupos comunitarios.

Como activista, Hurtado había defendido a víctimas y denunciado crímenes como desapariciones forzadas. En fecha más reciente, Hurtado ayudaba a habitantes pobres que se habían establecido en tierras que no eran de ellos, según medios locales de prensa. Según informaciones, Hurtado ganaba dinero con el reciclaje.

Los líderes sociales en Colombia confían en que la visita del Consejo de Seguridad contribuya a acelerar la implementación y aclare las muertes como la de Hurtado.

“Toda la promesa del acuerdo de paz era hacer algo que nunca se había logrado en la historia de Colombia: superar ese sentido de que existían dos Colombias”, declaró Arnson. “Una de las grandes preguntas sin responder del proceso de paz es por qué el gobierno ha actuado lentamente y ha tenido indisposición o ha sido incapaz de ocupar los espacios desocupados por las FARC”.