Junta demanda a gobernador de Puerto Rico por gastos

SAN JUAN (AP) — La junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico demandó el miércoles al gobernador del territorio estadounidense Ricardo Rosselló porque se niega a presentar los documentos requeridos y ha aprobado decenas de millones de dólares en gastos no presupuestados en medio de una recesión que comenzó hace 13 años.

La junta también acusó al gobernador de aprobar alrededor de una veintena de resoluciones conjuntas para utilizar fondos para gastos no aprobados en los presupuestos certificados por la junta.

“Puerto Rico no puede retroceder a una era de gastos descontrolados”, dijo el presidente de la junta, Richard Carrión. “Eso nos llevó a la bancarrota y al dolor y sufrimiento de nuestra isla”.

La demanda señala que “no es la primera instancia en que nuestro gobernador malinterpreta el alcance de su autoridad” después de que el Congreso creó el organismo de control. Desde hace tiempo Rosselló sostiene que la junta no tiene más autoridad que él.

Una portavoz de Rosselló refirió todas las preguntas a Christian Sobrino, el representante de la gubernatura en la junta de control. Sobrino señaló en un comunicado que las autoridades evalúan la demanda y que el gobierno de Rosselló siempre ha buscado mantener una responsabilidad fiscal.

La junta también solicita a una corte federal que le prohíba al gobierno local ejercer una ley que Rosselló aprobó el mes pasado y que elimina la obligación de las 78 municipalidades de Puerto Rico de pagarle al gobierno central cientos de millones de dólares en costos de pensiones relacionados con sus propios jubilados. Los miembros del organismo de control afirman que la medida socavaría la capacidad del gobierno central para pagar pensiones públicas en caso de pasar problemas fiscales.

La demanda también se interpuso en contra de la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico. Señala que el organismo y Rosselló han incumplido en reiteradas ocasiones con una ley federal de 2016 para atender la crisis económica y financiera de la isla.

La demanda se presenta en momentos en que el gobernador y la junta se encuentran en un estancamiento en torno a las medidas de austeridad para el presupuesto de este año fiscal mientras la isla continúa con la reestructuración de una porción de una deuda pública superior a los 70.000 millones de dólares.