Jefe de cárceles de México es el nuevo titular de Migración

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró el viernes a Francisco Garduño, hasta ahora titular del sistema penitenciario de México, como director del Instituto Nacional de Migración tras pedir la renuncia de Tonatiuh Guillén.

“Le agradezco mucho a Tonatiuh, nos ayudó en este inicio de gobierno. Ahora estoy proponiendo para que lo sustituya a Francisco Garduño”, dijo el mandatario. “Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país y le tengo toda la confianza”.

López Obrador dijo que había hablado el lunes con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas sobre el relevo.

“Tuvimos que tomar esa decisión porque consideramos que es lo mejor”, explicó el mandatario.

La salida de Guillén, un sociólogo y exacadémico, ocurre en plena crisis migratoria con Estados Unidos y una semana después de que ambos países alcanzaran un acuerdo para evitar la imposición de aranceles por parte de Washington a todas las importaciones mexicanas.

Después de ese pacto, cuyos términos no han sido explicados de forma clara, México comenzó a poner en marcha un plan para intentar reducir el flujo de migrantes no autorizados que cruzan el país rumbo al norte, un programa coordinado desde el primer momento por el canciller Marcelo Ebrard.

Garduño, abogado y experto en criminalística, era uno de los cinco funcionarios encargados de implementar el plan junto con un general, un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro de la Secretaría de Bienestar y un tercero de la Secretaría del Trabajo.

Aunque Ebrard dijo que Guillen ayudó a preparar el plan migratorio, el exacadémico se había mantenido fuera del ojo público durante la crisis con Estados Unidos, cuyo manejo ha sido criticado en ciertos sectores de la sociedad civil y desde parte de las propias filas de Morena, el partido del gobierno.

En una sesión en el Senado, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y legislador oficialista, acusó al canciller de acaparar funciones que no le correspondían, dado que las cuestiones de migración están bajo la competencia de la Secretaría de Gobernación, y pidió aclaraciones porque dijo no saber qué se había pactado con Washington y qué no.

Durante esta sesión, la cancillería envió a la cámara el primer documento público rubricado por autoridades mexicanas y estadounidenses, un “acuerdo complementario” a la declaración conjunta que entraría en vigor a mediados de julio si México no consigue cumplir su compromiso con Washington de reducir el flujo de migrantes.

En ese documento, ambos gobiernos se comprometen a llegar a un “acuerdo bilateral vinculante” sobre las responsabilidades de cada parte a la hora de procesar solicitudes de asilo. El texto añade que eso conllevaría que los nacionales de un tercer país que crucen uno de los países parte serían recibidos en ese país, que se encargaría también de gestionar su refugio. Además, expresa la intención de ambos gobiernos a que los compromisos formen parte de un enfoque regional, es decir, que otros estados compartan responsabilidades para la gestión de refugiados.

Diversos senadores indicaron que ese texto implicaba la aceptación por parte de México de convertirse a la larga en lo que se conoce como tercer país seguro, pero el canciller lo negó en todo momento.

Las diferencias en torno a la gestión de la migración en el seno del gabinete de López Obrador ya se habían dejado sentir desde abril, cuando México incrementó el número de detenciones y deportaciones de migrantes, y tanto Ebrard como la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se mostraban a favor de contener de forma más contundente a los inmigrantes no autorizados.

La tarea, sin embargo, no es fácil. Uno de los compromisos de México con Washington fue el despliegue en la frontera sur de hasta 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo nuevo formado por militares, policías federales y marinos, que según Ebrard estará completado el próximo martes.

Pero el propio López Obrador reconoció el viernes que hay 68 cruces fronterizos en el sur que no tienen vigilancia y la gente pasa por ellos sin supervisión, aunque garantizó que muy pronto la habrá.

Ebrard explicó también que además de la Guardia se mandarán al sur 825 nuevos agentes migratorios y 200 funcionarios de la Secretaría de Bienestar, y pidió apoyo a la comunidad internacional y a las agencias de las Naciones Unidas.

“No nos dejen solos”, pidió tras enfatizar que se puede avanzar en el desarrollo de América Central en el corto plazo si hay un compromiso claro. “¿Dónde está la comunidad internacional? Que nos ayuden en Centroamérica”.