Estudio: violencia causa desplazamiento en Centroamérica
SAN SALVADOR (AP) — La violencia generalizada de las pandillas, el crimen organizado y la falta de protección para las víctimas son las principales causas del desplazamiento forzado en Honduras, Guatemala y El Salvador, según un estudio del Observatorio del Sistema de Monitoreo de Desplazamiento del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA).
“Los tres países tienen una de las tasas más altas de violencia globalmente acercándose a los niveles de violencia vistos en zonas de guerra, sin embargo, los Estados de la región se muestran incapaces de crear mecanismos institucionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y seguridad básica de la población”, afirma el informe presentado el martes en El Salvador.
El documento resalta que hay grupos de personas que han estado en un constante abandono, por lo que vulnerabilidad es mayor. Entre ellos destacan las poblaciones indígenas en Guatemala y Honduras.
“Viven en los territorios donde hay una gran cantidad de bienes naturales que son apetecidos por las empresas, y lo segundo es que persiste lo imaginario de que las comunidades indígenas no son sujetos de derechos”.
También se señala que las familias pobres son las más afectadas y que las mujeres podrían ser más vulnerables que otros miembros familiares porque enfrentan más responsabilidades.
De acuerdo con los datos recolectados por el Sistema Regional de Monitoreo, en 2018 en El Salvador y Honduras se registraron 1.946 casos de personas que se desplazaron internamente por la violencia generalizada.
“Prevalecen las pandillas, estructuras del crimen organizado como las instancias detonadoras causantes del desplazamiento forzado por violencia generalizada”, afirmó Celia Medrano de Cristosal, una organización regional de derechos humanos que trabaja en favor de los desplazados y que forma parte del Observatorio del Sistema de Monitoreo.
La proporción de mujeres es levemente superior (53,4%) que la de sus pares masculinos (46,6%).
El 43,5% de las personas con necesidad de desplazarse se encontraban entre los 18 y los 50 años, sin embargo, 38,8% fueron niños, niñas y adolescentes entre 5 y 7 años.
El informe, según explicaron a la AP, no presenta cifras del desplazamiento forzado en Guatemala porque el trabajo es reciente.
Aunque estiman que hay 678.000 desplazados en la región, el Sistema de Monitoreo señala que es un fenómeno que sólo Honduras ha reconocido oficialmente.
Hasta ahora sólo organizaciones de la sociedad civil en los tres países han intentado brindar protección y cubrir el vacío dejado por los Estados.
El vicepresidente salvadoreño, Felix Ulloa, que asistió a la presentación del informe, prometió que lo abordaran como un tema de nación
“Este ha suido un problema estructural y abordaremos desde la raíz esta situación junto al presidente (Nayib) Bukele”.
En julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador amparó a las víctimas de desplazamiento forzado y ordenó a las autoridades que recobren el control territorial de las zonas dominadas por las maras o pandillas.
La Corte dio un plazo de seis meses a la Asamblea Legislativa y al gobierno salvadoreño para reconocer a las víctimas como sujetos de derechos y categorizarlos normativamente, para lo cual se deberá de revisar y emitir la legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos.
Además ordenó al entonces presidente Salvador Sánchez Cerén la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas.
