El Salvador: Saca confesará que sobornó a empleada judicial
SAN SALVADOR (AP) — El expresidente salvadoreño Tony Saca se someterá a un proceso abreviado y confesará ante un juez que sobornó a una empleada judicial para que le filtrara información en juicio civil en su contra, confirmó el miércoles el Ministerio Público.
La Fiscalía General presentó un escrito ante un juzgado donde señala que acepta que Saca tome esa acción y admita su responsabilidad en los cargos penales que se le imputan. El exmandatario (2004-2009) sería condenado a dos años de prisión que serían sustituidos por trabajos de utilidad pública.
El procedimiento abreviado es una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado, quien además otorga su consentimiento para poder prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.
La Fiscalía informó que el abogado Rafael Edgardo Calderón López, exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán, al occidente del país, también se someterá a un proceso abreviado y se declarará culpable. Se le atribuye el delito de prevaricato, que consiste en asesorar a las partes en los casos para salir libres en diferentes procesos penales, por lo que recibirá diferentes cantidades de dinero.
El juzgado programará en los próximos días la audiencia para que Saca y el exjuez Calderón López se presenten a confesar sus delitos.
Esta sería la segunda vez que el expresidente admite que cometió delitos durante su administración y confiesa ante un tribunal que desvió fondos del Estado para favorecer a sus empresas y a terceras personas.
Saca, de 54 años, ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares para beneficio personal y de otros. Ahora enfrenta el proceso junto a otras 14 personas que supuestamente formaban parte de una red que se dedicaba a sobornar a empleados del sistema judicial a fin de obtener información de procesos y de esa forma favorecer a imputados.
La Fiscalía acusa al expresidente por el delito de cohecho activo, que según el Código Penal ocurre cuando una persona ofrece o entrega a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecute un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realice o retarde un acto.
El exmandatario está acusado de sobornar a Ángela Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil, quien supuestamente filtraba información vinculada con un proceso civil en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. La pena de cárcel es de seis a diez años de prisión, pero al someterse al proceso abreviado y admitir su responsabilidad, el exmandatario podría ser beneficiado con una reducción del castigo.
