Liberan de cargos a implicados en tregua con pandillas
SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de justicia liberó de cargos a los implicados en la polémica tregua entre las dos principales pandillas salvadoreñas, con la que se buscó disminuir el índice de homicidios en el país hace más de media década y pidió al Ministerio Público ampliar la investigación para incluir en el caso a los que le dieron vida.
Uno de los beneficiados por la decisión que tomó el viernes un tribunal especializado de San Salvador fue el mediador de la tregua, el exguerrillero Raúl Mijango, procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en las cárceles, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
En contraste, el tribunal condenó a tres años de trabajos de utilidad pública al exdirector general de Centros Penales, Nelson Rauda, y al antiguo inspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez. También condenó a dos años de la misma pena a cinco exdirectores de cárceles.
El juez suplente, Cruz Vásquez, argumentó la condena para los exfuncionarios de centros penales fue porque conocieron y permitieron de forma voluntaria que ingresaran a las cárceles de manera ilegal los llamados mediadores, autorizaron traslados irregulares de pandilleros y también permitieron que se realizaran fiestas en el interior de los centros.
En el fallo el Tribunal señaló que la tregua entre pandillas fue una política de Estado y ordenó a la Fiscalía General que amplié las investigaciones a viejos funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, quien supuestamente avaló que se pactara el acuerdo entre las pandillas.
El exministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, reconoció durante el juicio, al que compareció como testigo, que la tregua fue una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad de Funes.
Funes, que desde su exilio voluntario en Nicaragua sigue de cerca lo que pasa en El Salvador, dijo en su cuenta de Twitter que: “Es ridícula la posición del Juez Cruz Vásquez. Yo no gestioné la tregua y mi relación fue únicamente con los mediadores y el Ministro de Seguridad de entonces. Nunca tuve conocimiento si se cometieron o no ilícitos y por tanto no se puede asegurar que toleré u oculté algo”.
Por su parte, Mijango dijo al concluir el juicio que “lo que han hecho es confirmar algo que ya todos sabían, este es un caso en el que no ha habido ningún delito que perseguir. Nunca me sentí culpable. Yo entiendo que trabajar por la paz nunca ha sido delito ene ste país”.
Esta es la segunda vez que los imputados comparecen ante un tribunal luego que en agosto de 2017, el juez Godofredo Salazar absolviera a los 18 acusados de cometer los ilícitos durante la tregua, argumentando que éstos presuntamente recibieron órdenes de Munguía Payés. Sin embargo, la Fiscalía General apeló el fallo y la Cámara Especializada de lo Penal ordenó que se repitiera el juicio.
En 2012, los líderes de la Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.
Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema y luego de que las nuevas autoridades retiraran una serie de beneficios para los pandilleros presos.
