Indignación en Brasil por una oleada de violencia en penales
MANAOS, Brasil (AP) — La indignación crecía el miércoles en Brasil entre los parientes de docenas de presos asesinados en motines carcelarios. Las familias reclamaban los cuerpos para enterrarlos, más de dos días después de que los presos se atacaran entre sí en varios penales del estado norteño de Amazonas.
Entre el domingo y el lunes murieron 55 presos en cuatro prisiones de la ciudad de Manaos, la mayoría estrangulados o apuñalados, en un nuevo brote de violencia en el sistema penitenciario de Brasil, superpoblado y con un problema de pandillas. No está claro qué desencadenó los choques, aunque las autoridades atribuyeron las muertes a luchas internas en un fracturado grupo criminal.
Ante el instituto forense de Manaos, familiares de las víctimas esperaron el miércoles durante horas con un calor sofocante, sin agua, comida ni información sobre cómo podrían recuperar los cuerpos para enterrarlos. Una mujer se desmayó y tuvo que ser trasladada a un auto cercano.
Cuando empezó a subir el tono de las voces en el edificio, dos policías intervinieron y pidieron a los familiares que se marcharan y esperasen fuera.
“Es humillante estar esperando aquí”, indicó una alterada Martinete Lira, que esperaba por el cadáver de su sobrino. “¡Esta masacre ocurrió una vez, ocurrió dos, y volverá a ocurrir!”.
Las muertes han renovado las peticiones de que se construyan nuevas y mejores prisiones, y el descontento plantea un nuevo desafío al gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que ha prometido limpiar las cárceles brasileñas dentro de una campaña más amplia contra el crimen.
Más tarde el miércoles, las autoridades entregaron finalmente 22 cadáveres, que se sumaban a los 15 entregados unos días antes. Los demás estaban almacenados en una unidad temporal refrigerada prestada al instituto para ayudar a gestionar todos los cuerpos.
Otro motivo de indignación fue el anuncio del gobernador de Amazonas, Wilson Lima, de que el estado no pagaría indemnizaciones a las familias de las víctimas. “El gobierno no tiene dinero para eso”, dijo Lima en una rueda de prensa el martes.
Para el padre Joao Poli, que visita a presos en los penales del estado desde hace casi una década, la falta de consideración del gobierno por los familiares refleja el trato que reciben los reos dentro de las prisiones.
“La explotación de los presos es dramática”, explicó Poli, nacido en Italia, a The Associated Press. El sacerdote formaba parte de un pequeño grupo de religiosos que acudióal instituto forense para repartir emparedados y ofrecer traslados en auto de una agencia a otra.
El sacerdote criticó la privatización del sistema penitenciario en Amazonas.
Las cuatro prisiones donde hubo muertes el domingo y el lunes están dirigidas por una colaboración público-privada con la misma compañía, Umanizzare, según la Secretaría Penitenciaria del estado.
“Más prisioneros, más dinero”, dijo Poli. El sacerdote dijo que una vez, en una prisión en el remoto interior del estado, había visto a unas 30 personas hacinadas en una celda con ocho colchones.
Umanizzare, que gestiona seis prisiones en Amazonas, dijo que la seguridad dentro de los centros sigue dependiendo del estado. La firma se ocupa de casi todo lo demás, desde la comida al mantenimiento, la atención médica y los servicios básicos.
En muchas de las prisiones del país, guardas muy superados en número tratan de mantener el control sobre una creciente población de presos y pese a una fuerte presencia de pandillas.
El sistema penitenciario del país tiene a unas 726.000 personas encarceladas, aproximadamente el doble de su capacidad oficial de 368.000, según datos oficiales de 2016. En el estado de Amazonas hay 11.390 presos en centros construidos para alojar a 2.354 personas.
“Es absolutamente necesario construir nuevas prisiones”, dijo Claudio Lamachia, que fue presidente del colegio de abogados de Brasil hasta finales del año pasado. “Es una forma de invertir en seguridad pública”.
No es raro que los presos pasen varios días en autos de policía esperando a que se libere espacio, señaló Lamachia, que ha visitado de forma habitual prisiones de todo el país.
El penoso estado del sistema carcelario brasileño es de sobras conocido, y se han producido masacres antes.
En enero de 2017, más de 120 presos murieron cuando la banda criminal más peligrosa del país, Primer Comando de la Capital, y la rival Familia del Norte lucharon por el control de las rutas de narcotráfico en los estados del norte. La violencia duró semanas y se expandió a varios estados.
El Complejo de Prisiones de Anisio Jobim, la cárcel en Manaos donde murieron 15 presos el domingo, registró duras escenas de violencia hace dos años con la muerte de 56 presos. A muchos les cortaron la cabeza, les arrancaron el corazón y les sacaron los intestinos.
Los expertos de seguridad pública señalan que hasta que Brasil construya nuevos penales e invierta en los que ya hay, tendrá problemas para controlar a sus reos, muchos de los cuales dependen de pandillas carcelarias para conseguir comida, dinero o simplemente sobrevivir.
Describiendo una visita a una prisión en otro estado del país, Lamachia señaló que los presos solo permitían entrar a los guardias en los bloques de celdas para entregar comida, que después era distribuida por las pandillas.
“Ahora las prisiones son una bomba de tiempo. Tragedias esperando a suceder”, comentó el abogado.
Desde hace años, las autoridades brasileñas han depositado sus esperanzas en la privatización de prisiones. Pero los expertos señalaron a los asesinatos de 2017, muchos de los cuales ocurrieron en prisiones gestionadas en conciertos con compañías privadas, y a los sucesos de esta semana, como un indicio de que esa no es la solución.
“No pueden entregar las prisiones a una entidad privada y después lavarse las manos”, dijo Lamachia.
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El video reportero de AP Víctor Caivano informó desde Manos, la periodista de AP Diane Jeantet informó desde Río de Janeiro.
