California sopesa atención médica a migrantes no autorizados
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — La suegra de Lilian Serrano sufría muchos problemas estomacales, pero siempre le echó la culpa a la comida.
Los doctores en una clínica del área de San Diego sospechaban que Genoveva Ángeles podía padecer cáncer, pero no podían estar seguros porque el lugar no contaba con el equipo necesario para realizar los análisis, y Ángeles, que había estado ilegalmente en el país por 20 años, no podía pagar un especialista ni era elegible para recibir ayuda del estado debido a su estatus migratorio.
Fue hasta septiembre que Ángeles finalmente supo que padecía cáncer de vesícula. Serrano dijo que estaba en el cuarto de hospital cuando Ángeles, de más de 60 años, falleció un par de semanas después.
“No sabemos si hubiera sobrevivido al tratamiento, pero ni siquiera pudo tener acceso a él”, dijo Serrano, presidenta del San Diego Immigrant Rights Consortium.
“Nunca tuvo la oportunidad de pelear contra el cáncer”.
Historias como esa han obligado a los legisladores de California a considerar propuestas para convertirse en el primer estado del país en ofrecer atención de salud financiada por el gobierno para asistir a inmigrantes adultos que estén ilegalmente en Estados Unidos. Pero la decisión sobre quienes serían elegibles a cobertura podría basarse en los costos.
El gobernador demócrata Gavin Newsom quiere gastar alrededor de 98 millones de dólares anuales para brindar cobertura a inmigrantes de bajos recursos de entre 19 y 25 años que estén ilegalmente en el país.
La Asamblea estatal tiene una propuesta que cubriría a todos los inmigrantes de California que están ilegalmente en el país y que superen los 19 años de edad. Pero Newsom ha rechazado ese plan debido al costo estimado de 3.400 millones de dólares.
“Es un desafío por 3.400 millones de razones”, declaró.
El Senado estatal quiere dar cobertura a los adultos de entre 19 y 25 años, así como a todos los que tengan más de 65. La patrocinadora de la medida, la senadora Maria Elena Durazo, restó importancia a la preocupación por los gastos y resaltó que la entidad tiene proyectado un superávit de 21.500 millones de dólares.
“Cuando se tiene un buen presupuesto, ¿cuál es la razón para no atender el problema?” preguntó.
El Senado y la Asamblea finalizarán sus propuestas presupuestarias esta semana antes de iniciar negociaciones con el gobernador. La ley estatal señala que el presupuesto debe ser aprobado antes del 15 de junio o los legisladores dejarían de percibir su sueldo.
En juego, según personal legislativo, están las 3 millones de personas en California que no tienen seguro de salud. Alrededor de 1,8 millones de ellas son inmigrantes que están ilegalmente en el país. De ellos, alrededor de 1,26 millones tienen salarios suficientemente bajos para ser elegibles al programa Medi-Cal.
“Simbólicamente, esto es muy importante. Esto establecería a California como un contrapeso a las políticas federales, tanto en cuestión de salud como migratoria”, dijo Larry Levitt, alto vicepresidente de la reforma de salud en Kaiser Family Foundation.
Muchos inmigrantes que están en el país ilegalmente ya están inscritos en algún programa financiado por el gobierno, pero sólo cubren emergencias y embarazos.
