Cárcel para exalcaldesa peruana por Odebrecht y OAS

LIMA (AP) — La justicia peruana ordenó el martes 18 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, mientras es investigada por lavado de activos al presuntamente recibir alrededor de diez millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

El juez anticorrupción Jorge Chávez ordenó el ingreso a prisión de Villarán, una izquierdista y activista por los derechos humanos de 69 años, quien en 2011 se convirtió en la primera mujer en ser elegida para gobernar la capital peruana en más de 450 años.

La fiscalía investiga a Villarán por supuestamente haber recibido entre 2012 y 2014 dinero sucio de las constructoras brasileñas que procedían de fondos destinados exclusivamente a sobornar a políticos de toda la región a cambio de obtener luego contratos de obras públicas.

Las investigaciones fiscales argumentan que Odebrecht y OAS entregaron en total unos diez millones de dólares que Villarán habría usado en un primer momento para evitar ser despojada del poder por sus opositores y luego para financiar una fallida campaña electoral de reelección.

Villarán llegó al poder en 2011 criticando la supuesta corrupción de sus antecesores pero pronto su gestión se debilitó y sus opositores buscaron despojarla del poder mediante un referendo que se realizó en 2013 y que la mujer venció de forma ajustada. La fiscalía afirma que en su campaña electoral para mantenerse en el cargo usó dinero de Odebrecht y OAS.

La fiscalía también sostiene que OAS financió en 2014 la fallida campaña para la reelección de Villarán.

Odebrecht y OAS se acogieron en Perú al beneficio de la colaboración eficaz para delatar sus tratos corruptos con las autoridades.

OAS fue después de Odebrecht la segunda empresa con mayores obras en el país.

Las investigaciones anticorrupción en Perú, que incluyen a 250 personas y a tres expresidentes que gobernaron el país entre 2001-2018, han provocado un terremoto entre la élite política de derecha e izquierda.

Odebrecht admitió en 2016 ante la justicia estadounidense que pagó varios millones de dólares en sobornos a funcionarios en varios países de Latinoamérica para obtener a cambio jugosos contratos en obras de infraestructura.