Venezuela: Constituyente levanta inmunidad a siete diputados
CARACAS (AP) — La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a siete diputados opositores para que sean enjuiciados por el apoyo al fracasado alzamiento militar del 30 de abril.
Al grito de “¡Justicia!”, los constituyentes aprobaron la decisión que afecta al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia y Richard Blanco.
El enjuiciamiento a los legisladores fue avalado por el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, quien señaló a los opositores de participar de manera “flagrante” en los eventos del 30 de abril, que los consideró como un “golpe de Estado”, y sostuvo que por esa razón no requieren del antejuicio de mérito, proceso establecido en la constitución para retirar la inmunidad parlamentaria.
“Están siendo enjuiciados como corresponde con respeto de las leyes”, acotó.
Cabello agregó otros a tres diputados opositores les será retirada la inmunidad próximamente por lo mismo.
El levantamiento de la inmunidad se da horas después que el Tribunal Supremo de Justicia anunciara en un comunicado la apertura de procesos contra todos los ya mencionados, excepto Zambrano, para que sean procesados por los supuestos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión militar, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia”.
El máximo tribunal aprobó la semana pasada un proceso similar contra Zambrano.
Algunos de los dirigentes procesados aparecieron junto al líder opositor Juan Guaidó durante el fallido alzamiento militar del 30 de abril a las afueras de una base aérea capitalina.
Ramos Allup --expresidente del Congreso-- dijo que con los procesos se quiere dejar al cuerpo legislativo sin directiva, pero sostuvo que pese a esas acciones la “Asamblea va a seguir existiendo porque el pueblo venezolano votó por ella”.
El diputado defendió su presencia en la base aérea generalísimo Francisco de Miranda alegando que lo hizo para denunciar el “golpe de Estado” que ejecuta Maduro al ocupar el poder. “Si por oponernos a un golpe de Estado nos van a acusar y nos van a incriminar, bienvenida la acusación".
Por su parte, De Grazia dijo a The Associated Press que con la sentencia se busca “ir callando todas las voces que puedan” y descartó que los opositores vayan atemorizarse o ceder. “Nadie puede claudicar ante esta situación”, agregó.
La decisión de la Corte se conoció poco después de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, iniciara el proceso para el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que dejó hace seis años. Tras considerarse la iniciativa, se ordenó a la Comisión de Política Exterior iniciar las evaluaciones e informes para concretar el reingreso. Con esto se busca “cooperación internacional para la ayuda humanitaria y defensa del pueblo venezolano”, indicó en su cuenta de Twitter el Centro de Comunicación Nacional de Guaidó.
Durante la sesión, el Congreso, de mayoría opositora, también autorizó el pago de intereses a los tenedores de un bono de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que vencen el próximo año, conocido como PDVSA 2020, para evitar que los inversionistas intenten embargar a Citgo, filial estadounidense de la corporación, que se colocó como garantía de los títulos de deuda.
Este es el primer pago de deuda que autoriza la Asamblea Nacional bajo la dirección de Guaidó como parte de la iniciativa para proteger los bienes estatales y tomar el control de algunos activos externos, entre ellos Citgo, como el apoyo de Estados Unidos, en medio de la pugna con el gobierno.
En otros temas, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la toma del “control operacional y administrativo” de los aeropuertos Caracas, Nacional Metropolitano e Higuerote, próximos a la capital, para garantizar los servicios en esas instalaciones e intensificar las acciones contra actividades ilícitas. Reverol indicó que 267 funcionarios fueron desplegados en los aeropuertos.