Junta pide que Puerto Rico pague deuda a pensiones
SAN JUAN (AP) — Decenas de municipios y corporaciones públicas de Puerto Rico han incumplido en el pago o depósito de 340 millones de dólares a un sistema de retiro para empleados del gobierno, informó el martes una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla.
La deuda la acumularon 66 municipios, incluida la capital San Juan, y 28 entidades públicas, como la autoridad de agua y alcantarillado de la isla, desde 2017, cuando el gobierno creó un plan de aportaciones a un fondo de retiro, agregó la junta.
“Es inaceptable retener las contribuciones de jubilación para un empleado y no transferir inmediatamente ese dinero a la cuenta de retiro del individuo donde pertenece”, dijo Natalie Jaresko, la directora ejecutiva de la junta. “Este es el tipo de mala gestión que condujo a una desastrosa falta de financiación de los sistemas de pensiones”.
Puerto Rico ya enfrenta casi 50.000 millones de dólares en pasivos de pensiones sin fondos mientras continúa con la reestructuración de una parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y está sumido en una recesión desde hace 12 años.
Jaresko dijo que el municipio de San Juan está entre los que han acumulado las deudas más grandes. Un portavoz de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz no ha contestado un mensaje en busca de comentarios.
La portavoz de uno de los sindicatos de trabajadores más grandes de Puerto Rico tampoco respondió a una llamada.
La junta de control también presentó el martes más de 230 demandas contra individuos y compañías para tratar de recuperar millones de dólares que, en años recientes, les pagó el territorio estadounidense por diversos servicios. Una de esas compañías es Bristol-Myers Squibb y Evertec Inc.
Las querellas alegan que las transferencias de dinero fueron ilegales de acuerdo con la ley de bancarrotas y la ley de Puerto Rico. Las demandas buscan determinar si un total de 4.200 millones de dólares en pagos fueron gastados de manera adecuada y justa, dijo la junta.
Agregó que, a partir de 2012, los pasivos del gobierno excedieron el valor de sus bienes durante el momento de las transferencias. También señaló que el gobierno no tiene copias de los contratos relacionados con algunas transferencias.
La junta dijo que desestimaría cualquier reclamo para los proveedores que demuestren una base adecuada para los pagos.
