El Salvador: tregua de pandillas fue una política de Estado

SAN SALVADOR (AP) — Dos ex fiscales generales habrían participado en la controvertida tregua entre las pandillas, un proceso presuntamente avalado por el ex presidente Mauricio Funes y liderado por su entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payes, según declaraciones de testigos durante un juicio sobre esa trama.

El abogado defensor Manuel Chacón señaló el jueves que los testigos presentados “demuestran (en sus alegaciones) que la tregua fue una política del gobierno del presidente Mauricio Funes y que los “imputados solo cumplían órdenes”.

Las declaraciones de Chacón se dieron al final del segundo día del juicio contra 18 imputados acusados de participar en la trama y que están siendo procesados por los delitos de actos arbitrarios y agrupaciones ilícitas.

Entre los implicados en el caso tregua figuran el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, el ex director de Centros Penales, Nelson Rauda; el oficial de la policía Juan Roberto Castillo y otros 15 ex funcionarios del sistema penitenciario.

Chacón subrayó que la tregua fue “una política de Estado que vino desde el presidente Funes hacia abajo, eso es lo que se ha demostrado, que había un plan quinquenal, que se le estaba dando cumplimiento a una política penitenciaria”. Funes, contra quien se siguen procesos por casos de corrupción en su contra en El Salvador, está asilado con su familia en Nicaragua.

Agregó que “todos los directores de centros penales, todos estaban en la tónica de facilitar un proceso de pacificación. No era abrir las puertas de los centros penales, sino facilitar de que se tuviera un contacto entre ellos (los pandilleros) a fin de que pudieran comunicarse para llegar a acuerdos que pudieran beneficiar al país”.

Al ingresar al Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador, los implicados alegaron que cumplieron órdenes.

“En mi caso por ser un subalterno cumplí las órdenes del director general”, alegó Aníbal Rodríguez, que se desempeñaba como inspector de los penales.

El obispo Fabio Colindres, que compareció como testigo, dijo el que el general Munguía Payés lo invitó a participar en la negociación entre las pandillas. Colindres y Mijango fueron las caras más visibles de la tregua.

Por su parte, el ex director de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, develó que los ex fiscales generales Romero Barahona (2009-2012) y Luis Martínez (2012-2015), participaron en reuniones del gabinete de Seguridad donde se presentaron reportes de supuestos avances de la tregua.

En 2012 con la intermediación de Mijango, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia, luego de que en esa época se registraran al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar el acuerdo y ayudar a los cabecillas de las pandillas a que pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad, en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.

Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema de Justicia y luego de que las nuevas autoridades retiraran una serie de beneficios para los pandilleros presos.

Esta es la segunda vez que los imputados comparecen ante un tribunal luego que en agosto de 2017, el juez Godofredo Salazar absolvió a los 18 acusados de cometer los ilícitos durante la tregua, argumentando que estos presuntamente recibieron órdenes del entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Pero la Fiscalía General de la Republica apeló el fallo y la Cámara Especializada de lo Penal ordenó que se repitiera el juicio.

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas establecidas en barrios y comunidades populosas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos, mientras que más de 15.000 están en las cárceles. Según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.