En el año 2013, cuando el gobierno de José Mujica legalizó el cultivo y comercio del cannabis, también se creó la institucionalidad necesaria para controlar y regular el naciente experimento. Así fue que se creó el Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) cuya finalidad es la de "regular la plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y dispensación del Cannabis". Se trata de una figura jurídica de persona de derecho público no estatal.
El Instituto comenzó a funcionar en 2014, y los primeros años se ocupó de ir construyendo todo el entramado que llevaría, en julio de 2017, a la venta del cannabis en farmacias, incluyendo la licitación previa de las empresas que resultaron adjudicatarias de los predios estatales en los que se cultivan las plantas, y la negociación de las condiciones de comercialización.
Mientras se esperaba que las condiciones estuvieran dadas para comenzar con la comercialización del cannabis recreativo (la "vedette" del proyecto) comenzó con menos impacto a funcionar el registro de auto-cultivadores y clubes cannabicos. Hoy en día hay 7.025 cultivadores registrados, y 114 clubes con más de 3.500 miembros.
Durante los años 2014 y 2015 los ingresos del Instituto vinieron en su totalidad de los aportes del Estado uruguayo a través de Rentas Generales. 15 y 14 millones de pesos uruguayos cada año. En 2016, el IRCCA por primera vez comenzó a generar ingresos propios, que son generados de dos maneras: por aspectos relacionados con la producción y distribución de cannabis en farmacias, y por administración de licencias y autorizaciones a empresas y organismos vinculados a la producción de cannabis medicinal e investigación científica. En total fueron $U 1.230.000. No era mucho, pero teniendo en cuenta que la comercialización en farmacias no había comenzado, el dato era prometedor.
En 2017 estos ingresos se multiplicaron casi por cuatro, totalizando casi 4.900.000 pesos. El aporte del Estado a través de Rentas Generales volvió a ser de 15 millones de pesos, aunque por diversos convenios públicos, el monto total de fondos públicos fue de casi 25 millones.
Siguiendo esta evolución, el año pasado, el primero en que se completó un año entero de comercialización, el IRCCA percibió ingresos, fruto de su actividad por casi 17.000.000 millones de pesos, o lo que es lo mismo, un 252% más que en 2017; mientras que el aporte público siguió siendo de 15.000.000 millones. La previsión para este año, estima que nuevamente crecerá la proporción de recursos propios, en relación al financiamiento de origen estatal.
Actualmente son 17 las farmacias habilitadas a expender el cannabis en todo el país, a un total de 35.744 usuarios registrados, quienes pueden adquirir hasta 40 gramos por mes.
