Brasil: vecinos de favela piden que se investigue masacre
RIO DE JANEIRO (AP) — Entre los vecinos de Fallet-Fogueteiro, un complejo de favelas donde viven 40 mil personas en la región central de Río de Janeiro, el antiguo recelo hacia la policía de Brasil se convirtió en pavor.
El 8 de febrero, 15 personas --algunas de ellas con presunto vínculo con el narcotráfico-- fueron asesinadas en una misma operación policial que quedó en la mira de la justicia por posibles casos de ejecución sumaria y torturas. Dos meses después, vecinos de la comunidad y familiares de víctimas piden a las autoridades que se investiguen posibles abusos y culpan al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, quien en su campaña había prometido “tirar a matar” a los delincuentes por haber alentado un clima de terror.
“Aquí están sucediendo abusos absurdos. Si está la policía no salgo de mi casa ni para comprar pan”, dice Dinah Alves de Souza, vecina de Fallet de 68 años.
Aunque los habitantes de la zona aseguran que la masacre de febrero fue la coronación de un histórico de robos, intimidaciones y otros abusos que la policía comete con frecuencia, el asesinato de 15 jóvenes marcó a la comunidad. Muchos creen que la acción es parte de un nuevo escenario creado por Witzel, un político que antes de asumir el poder prometió entrenar tiradores de elite para disparar a la cabeza de delincuentes armados.
“(Witzel) Está trayendo más violencia. La policía sale a la calle con la orden de matar”, agrega de Souza.
Los barrios de Fallet-Fogueteiro, de casas precarias construidas sobre un morro y con pasillos que forman laberintos, están dominados por el tráfico. Jóvenes en moto, dotados con radios y armas, pasan una y otra vez por las mismas calles.
Días antes de que se produjera la operación policial, la comunidad se había convertido en escenario de constantes enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control del tráfico de drogas.
Familiares de las víctimas reconocen que algunos de los jóvenes muertos tenían vínculos con el narcotráfico, aunque dicen que se habían rendido antes de que murieran. De acuerdo con sus relatos, dos fueron torturados y luego asesinados dentro de su casa mientras familiares veían la escena. Además, de los 15 muertos, dos fueron encontrados días después, lejos de la escena del crimen.
“No hubo tiroteo ni enfrentamiento, fue una ráfaga de tiros de la policía. A mi hijo le quebraron el cuello y le abrieron la barriga”, dice la madre de una de las 15 víctimas que pide preservar su identidad. “Si tenía vínculos con el tráfico o no, no importa. Mi hijo levantó su remera para rendirse, debían capturarlo, no matarlo”.
“No pienso callarme, soy optimista de que se hará justicia. Quiero ver a esos policías en una audiencia para ver si mienten en mi cara”, agrega.
La Policía Militar asegura que las muertes se produjeron en un enfrentamiento, iniciado por los delincuentes.
“¿Cómo, entonces, no hubo ningún policía herido?”, pregunta Jackson Xavier, taxista de 61 años. “Soy pesimista, espero que avance la investigación, pero no creo que vaya a dar en nada”.
La Defensoría Pública de Río de Janeiro acompaña las investigaciones que se tramitan en el Ministerio Público en representación de familiares, quienes buscan probar que la policía practicó abusos.
Pese a que todavía las investigaciones están en una etapa preliminar, el gobernador de Río de Janeiro elogió la operación y dijo que fue “una acción legítima”.
“Si el propio gobernador dice que la operación fue lícita, es difícil que un perito de la policía lo contradiga. Los vecinos deben continuar movilizados para que se esclarezca el caso”, dice Pedro Stronzberg, defensor del pueblo de Río de Janeiro.
“Hay un modus operandi de la policía en todas las favelas de Río que debe ser revisado de forma conjunta”, asegura Stronzberg.
La policía de Río de Janeiro, un estado que el año pasado estuvo bajo intervención militar en su seguridad para intentar poner un freno al crimen, ha sido acusada de asesinatos extrajudiciales.
En 2018, agentes policiales mataron a 1.534 personas en el estado, según cifras oficiales. Y desde que Witzel asumió la gobernación, en los primeros dos meses del año hubo 305 asesinatos, la cifra más alta desde 2003.
