San Diego demanda a gobierno federal por liberar migrantes
SAN DIEGO (AP) El condado San Diego demandó el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump para impedir que las autoridades de inmigración pongan en libertad a familias que cruzaron la frontera sin dar tiempo a hacer preparativos de transporte.
La decisión de poner fin al programa en octubre pasado dejó al condado en apuros para ayudar a algunas de las miles de personas que han estado varadas allí, porque ya no están recibiendo la ayuda federal para contactar a parientes o a otras personas en otra parte de Estados Unidos que pudieran albergarlos, señaló el condado fronterizo con México.
En la demanda federal se afirma que la medida es arbitraria y caprichosa.
La política previa trataba a los solicitantes de asilo con esmero y dignidad, y ayudaba a prevenir un incremento drástico en la población de personas sin hogar en el condado, así como en las preocupaciones de salud pública que conlleva y los costos y gastos relacionados, dice el texto.
Ningún funcionario gubernamental respondió por el momento las solicitudes para que hicieran declaraciones. Las autoridades habían dicho previamente que no estaban obligadas por ley a facilitar asistencia de transporte y que la llegada cada vez mayor de familias les impide seguir brindándola.
El proceso tradicional consistía en que a las familias que llegaban a la frontera se les ponía en libertad y se les permitía establecerse en Estados Unidos con familiares o amigos mientras sus casos eran examinados en las cortes, un proceso que suele llevar años. Eso fue modificado con el cambio de octubre.
Trump ha protestado contra la política anterior. En noviembre tuiteó que la política que apodó Capturar y liberar había llegado a su fin.
Pero en los últimos meses, el número de familias que ingresa a Estados Unidos ha alcanzado niveles récord, lo que ha abrumado al sistema a tal grado que las autoridades dicen está a punto de la parálisis.
Desde el 21 de diciembre, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha liberado a más de 125.000 personas que ingresaron a Estados Unidos como familias.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también está sobrecargada, y en lugar de detener a las familias hasta por 72 horas antes de entregarlas al ICE, ha comenzado a liberarlas directamente, en ocasiones con tanta rapidez que no tienen tiempo de organizar su transportación. Las familias son puestas en libertad, se les entrega una notificación para que comparezcan ante una corte de inmigración, y a los o las cabezas de familia les colocan una tobillera de rastreo.
