En toda negociación lo imperativo es sentarse cara a cara con la contraparte, llevando una lista en mano que recoja tanto, nuestras demandas como nuestras ofertas, pero sobre todo es importante, sentarse con buena voluntad y mente abierta para que en el menor tiempo posible las partes, concluyan en un acuerdo satisfactorio en beneficio del bien común. Desgraciadamente, éste no es el caso de la negociación entre la Alianza Cívica (grupo opositor) y el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Un año después del inicio de la rebelión cívica que derivó en una ola de muertes, exilio, prisión y violencia inusitada por parte del gobierno en contra de estudiantes, campesinos, periodistas y pueblo auto-convocado aferrado al grito de libertad y justicia, la represión no cesa y el pueblo demanda sin demora, la liberación de al menos 800 presos políticos reconocidos por la CIDH en Nicaragua.
Aunque reconocemos la buena intención en su labor negociadora por parte de la Alianza Cívica, no quitamos el dedo del reglón para denunciar las artimañas, tácticas dilatorias y timos que de parte del régimen Ortega Murillo saltan día a día sobre la mesa negociadora con el único propósito de lograr ganar tiempo para maniobrar una estrategia que le permita al oficialismo, aplastar de una vez por todas a la oposición cívicamente en rebelión. El clamor de libertad por las mujeres y hombres presas y presos de conciencia es general en el país. Todos ellos capturados arbitrariamente en una suerte de secuestro, sin órdenes de captura, apresados por paramilitares en muchos de los casos o simplemente llevados a prisión sin cumplirse con el debido proceso, hoy enfrentan un dilema por su libertad ya que a lo contrario de su captura, para su liberación, el régimen anuncia la hará en "apego con el ordenamiento jurídico del país".
Esto sería lo normal si los procesos de captura y procesamiento judicial de todos ellos hubiesen sido normales, pero no lo fueron, ni lo son. En Nicaragua el ordenamiento jurídico es la voluntad de Daniel Ortega, por lo tanto es fácil concluir según la letra del acuerdo dado a conocer mediante el comunicado número 7 de la mesa negociadora el pasado martes 19 de marzo de los corrientes entre la Alianza Cívica y el Gobierno, que no todas ni todos serán puestos en libertad durante este tiempo de tres meses. La piedra de tropiezo de muchos será el tener sentencia firme, a éstos, se les obligará a usar figuras jurídicas como la "Apelación de Sentencias" o recurrir de "Casación". Una maniobra inhumana pero propia de un régimen que nos mostró cuánto daño es capaz de hacer cuando le dice a sus seguidores "Vamos con todo"
De tal suerte, que los noventa días serán un respiradero para Ortega, un tiempo para debilitar aún más a sus "adversarios" la clase empresarial agobiada con las recién aprobadas reformas a la seguridad social y a la ley tributaria , las que al final, nos golpean a todos los nicaragüenses y empuja hacia el abismo a nuestra frágil economía. El régimen Ortega Murillo nunca ha tenido buena voluntad para remediar la crisis, prueba de ello es, que al quitar a sangre y fuego los tranques el año pasado, incrementaron la represión a niveles entonces, insospechados. En esta ocasión no liberaron a todos los presos políticos también por falta de voluntad, no pueden escudarse en la ley, porque son desafectos a la legalidad, tanto así, que por los más de 500 ciudadanos asesinados por la fuerza policial y los paramilitares, no hay uno solo de los asesinos en las cárceles enfrentando justicia, ni siquiera hay investigaciones al respecto.
En ésta negociación falta el ingrediente de legitimad, credibilidad, y confianza. La ausencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de los Obispos del pueblo, es un vacío desesperanzador. Sin embargo, esperemos que la Secretaría General de la OEA en la persona del Señor Rosadilla y la delegación de la Cruz Roja Internacional, pujen por la inmediata liberación sin subterfugios, de todas y todos los presos políticos en Nicaragua. Es más que claro que el país urge un cambio total para recobrar la confianza tanto a nivel nacional como internacional, el régimen Ortega Murillo no ofrece nada porque no puede mejorar nada. Por ahora nuestra suerte continúa igual, se nos prohíbe ejercer derechos, se nos reprime por marchar, opinar, o exigir libertad y justicia.
Esperemos que la inmediata liberación de nuestros presos políticos no se trunque por la letra pequeña de la negociación, eso sería una infamia, un golpe bajo, inmerecido para ellos, para sus familiares y para el pueblo que los reconoce como la reserva moral de una revolución cívica que no tiene vuelta atrás. Los viejos esquemas de la política zancuda, de los fraudes y componendas, de los pactos de cúpula ya no tienen sentido, el gran auditor, el pueblo, está vigilante, expresándose en las calles a pesar de la represión. Nuestros muertos y exiliados también exigen justicia, reparación, adelanto de elecciones libres, transparentes, y vigiladas. Urgimos ¡Un nunca más! A un año del inicio de la rebelión cívica la ruta continúa siendo la misma ¡Libertad!
