Bolivia: piden aplicación de leyes contra violencia género
LA PAZ (AP) La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y organizaciones de mujeres de Bolivia manifestaron su preocupación por las recientes denuncias de violencia que involucran a funcionarios públicos y reclamaron la aplicación de las normas contra la violencia de género.
La violación de una mujer brasileña en su celda en una cárcel al norte del país y la denuncia por supuesta violencia intrafamiliar contra un juez del Tribunal Constitucional han puesto en la mira a los servidores públicos.
La oficina regional de la ONU pidió al Estado boliviano en un comunicado de prensa que continúe las investigaciones de oficio sobre esas denuncias y vele para que todos los casos de violencia contra las mujeres sean investigados y sancionados oportunamente.
En Bolivia sólo se han logrado implementar en un 40% las leyes que castigan la violencia de género debido a problemas estructurales como la capacitación y supervisión de los funcionarios públicos, dijo a The Associated Press Mónica Bayá, directora de la Comunidad de Derechos Humanos.
Debemos mejorar, hay vacíos legales que debemos solucionar, por eso estamos pidiendo un proyecto de ley que garantice una mejor atención a las mujeres, agregó.
Las organizaciones de mujeres dieron a conocer sus opiniones en una audiencia pública sobre políticas de igualdad.
Patricia Brañez, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, señaló que la capacitación del Poder Judicial es vital ya que más de un 40% de los procesos judiciales en Bolivia son por violencia de género.
Bolivia es el tercer país de la región con más feminicidios después de Colombia y Brasil, informó recientemente el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Su despacho promovió que en la policía sean agentes femeninas quienes se hagan cargo de la atención de las mujeres que hayan sufrido violencia y a su vez promovió la creación de una base de datos para clasificar y ayudar a las mujeres en riesgo.
Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer, indicó que los avances legales son importantes pero que su implementación requiere transformaciones institucionales y culturales.