Cintas amarillas agravan disputa con Cataluña
MADRID (AP) La presencia de cintas amarillas en Cataluña en honor a líderes separatistas encarcelados se ha convertido en un punto de discordia entre el gobierno regional y las autoridades nacionales en Madrid, poco antes de las elecciones generales del mes entrante.
La comisión electoral nacional le ha pedido al gobierno catalán quitar las citas, pero la autoridad local se ha negado. Las cintas se volvieron un símbolo de apoyo a los líderes secesionistas tras el fallido intento de Cataluña de independizarse en 2017.
Quim Torra, el presidente regional catalán y quien suele portar una pequeña cinta amarilla en la solapa, le ha pedido a la comisión electoral más tiempo para sacar las cintas, luego de que un plazo fijado pasó.
Pablo Casado, líder del opositor Partido Popular, hizo un llamado al presidente de gobierno Pedro Sánchez a que presione a los separatistas catalanes e incluso propuso que el gobierno central asuma el control administrativo de la próspera región.
La presencia de los listones desde hace meses han sido fuente de discordia entre los catalanes independentistas y los que desean seguir siendo parte de España. Ha ocurrido que los separatistas atan las cintas en banquillos, semáforos y recipientes de basura, y otros catalanes vienen y las quitan. La disputa ha acaparado titulares de cara a las elecciones del 28 de abril.
Torra, al pedir una prórroga el martes, argumentó que las cintas están en tantos lugares que tardará más allá del plazo del próximo martes para removerlas. La junta electoral rechazó el pedido, afirmando que las cintas se habían convertido en propaganda inaceptable.
La ley electoral española le prohíbe a todo funcionario elegido y a toda institución pública usar su posición para favorecer a un partido o posición política durante una campaña electoral. Torra argumenta que se trata de una tema de libertad de expresión.
Torra _quien es renuente a recibir órdenes de Madrid y suele publicitar la causa separatista_ le ha solicitado al ombudsman catalán dirimir el conflicto.
El gobierno, que insiste en que la independencia catalana es una imposibilidad constitucional, dice que es cuestión de la comisión electoral decidir si el caso debe ser remitido a la fiscalía o si se le debe ordenar a la policía remover los símbolos.
