Oposición en Nicaragua condiciona regreso a mesa diálogo
MANAGUA (AP) La opositora Alianza Cívica de Nicaragua afirmó el martes que no reanudará el diálogo con el gobierno si el presidente Daniel Ortega no da muestras de voluntad real para negociar una serie de demandas, incluyendo la liberación incondicional de unos 700 detenidos considerados presos políticos.
Estamos listos con nuestra agenda de negociación una vez que estén dadas las condiciones, (pero) en este momento, a esta hora, el día de hoy, no hay condiciones para continuar la negociación, dijo la abogada Azahálea Solís en rueda de prensa junto a todos los negociadores de la oposición.
La Alianza abandonó la mesa del diálogo tras los violentos sucesos del fin de semana, cuando la policía detuvo a más de un centenar de manifestantes que intentaron protestar en Managua. Esta coalición opositora ya había paralizado las negociaciones la semana pasada durante unos días por el mismo motivo, alegando falta de voluntad por parte del gobierno, pero optó por reanudarlas el jueves cuando el ejecutivo se comprometió a una nueva excarcelación de presos.
Solís subrayó que la oposición desea encontrar una salida cívica a la crisis que estalló hace 11 meses con protestas sociales y para ello presentó una agenda de negociación de cinco puntos, el primero de los cuales es la liberación de los detenidos y la anulación de todos los juicios.
El segundo tema es la discusión de reformas electorales que garanticen comicios anticipados, libres, justos, transparentes y observados y el tercer punto es la celebración de procesos de justicia, reparación y no repetición para las víctimas de crímenes, a fin de evitar la impunidad.
Como cuarto punto, la oposición pide que garantes internacionales aseguren la implementación de los acuerdos y en quinto lugar que el gobierno cumpla 18 recomendaciones formuladas en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre las recomendaciones que el gobierno se comprometió adoptar el pasado 21 de mayo figuran el respeto a la libertad de expresión y movilización, garantías para el funcionamiento de medios de prensa independientes y el retorno de personas exiliadas por motivos políticos y violencia (más de 52.000 según la CIDH).
Solís reiteró que la delegación opositora espera que la Organización de Estados Americanos (OEA) y el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, nombrados testigos y acompañantes del diálogo, actúen como facilitadores del proceso.
Agregó que deberá firmarse un protocolo en presencia de garantes internacionales, para la excarcelación definitiva de todos los "presos políticos", incluyendo 162 reos que salieron bajo arresto domiciliar en los últimos 20 días.
La Alianza tiene la presión de la ciudadanía para que aquí haya una salida cívica, porque la ciudadanía decidió que quería salir (liberarse) de este gobierno dictatorial a través de la lucha pacífica, afirmó Solís.
La oposición, agregó, no quiere que se repitan en Nicaragua los gobiernos represivos y dictatoriales ni los caudillos que se entronizan en el poder.
El gobierno de Ortega no ha reaccionado al anuncio de los opositores.
La primera fase de diálogo, que comenzó el 16 de mayo de 2018, consiguió que entrara a Nicaragua un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar los hechos de violencia, grupo que fue expulsado meses después.
En esa ocasión, las negociaciones duraron menos de dos meses porque el gobierno decidió desmantelar por la fuerza casi un centenar de "tranques", bloqueos de carreteras que los opositores habían instalado en las principales vías del país. Además, de forma paralela, simpatizantes de Ortega protagonizaron ataques contra varios obispos católicos que entonces eran mediadores.
Por otra parte, este martes, el ejecutivo anunció la graduación de 462 nuevos efectivos de la policía, que cuenta con al menos 12.000 miembros, y la capacitación de 306 oficiales en operaciones especiales (anti-disturbios).
La crisis en Nicaragua comenzó el 18 de abril con una protesta de universitarios y se extendió por el país tras la violenta acción de la policía y paramilitares, que según la CIDH dejó unos 325 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de arrestados.
