Destino de venezolanos pone en conflicto a gobierno de Trump

WASHINGTON (AP) Dos de los temas que se prevé formen parte central de la campaña de reelección del presidente Donald Trump le están presentando una disyuntiva mientras su gobierno sopesa la posibilidad de ofrecer nuevas protecciones contra la deportación a decenas de miles de venezolanos en Estados Unidos en medio de las agitaciones actuales en la nación sudamericana.

Las autoridades esperan que la situación mejore lo suficiente en las próximas semanas para evitar tener que decidir si otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los más de 70.000 venezolanos en Estados Unidos, como lo exigen varios miembros del Congreso, según siete personas con conocimiento de las conversaciones.

Mientras las autoridades esperan a ver cómo se desenvuelve la situación, el tema ha expuesto las divisiones dentro del gobierno. El enviado especial de Estados Unidos en Venezuela y algunos miembros del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) están a favor de otorgar el estatus de protección, pero otros dentro del DHS y la Casa Blanca se oponen a esa medida debido a que entraría en conflicto con las estrictas posturas migratorias, según algunas personas con conocimiento de las discusiones.

El gobierno de Trump ha intentado eliminar las protecciones de deportación para miles de personas originarias de países de Sudamérica, Asia y África que previamente sí podían recibirla, como parte de una labor más extensa en el combate a la migración legal e ilegal.

La discusión, que se presenta en momentos en los que Trump se prepara para una complicada lucha por la reelección, pone en disyuntiva dos temas que se prevé asuman un papel protagónico en la contienda de 2020: La dura postura migratoria de Trump, y su deseo por acentuar la difícil situación de los venezolanos bajo un gobierno socialista mientras intenta describir a los demócratas como izquierdistas radicales que guiarán a Estados Unidos por ese mismo sendero.

Algunos funcionarios del gobierno intentan encontrar una alternativa al TPS, con el argumento de que el estatus es el mecanismo equivocado para los venezolanos debido a que por lo general se utiliza en países que enfrentan desastres naturales o conflictos armados.

En tanto, funcionarios del gobierno parecen estar de acuerdo en postergar la decisión, con la esperanza de que mejore la situación en Venezuela.

El asesor de seguridad nacional John Bolton dijo a la cadena CNN a principios de este mes que, si el líder opositor Juan Guaidó se convierte en presidente interino y se realizan nuevas elecciones, no tendríamos que otorgar el TPS. Así que preferiría enfocarme en la transformación de Venezuela y en llevar al país de regreso por el camino de la estabilidad.

Los debates internos del gobierno han sido planteados por funcionarios de ambas partes: Aquellos que creen que el país debe hacer algo para brindar ayuda a los venezolanos dentro de Estados Unidos que enfrentarían una situación adversa, problemas legales o violencia en caso de que se les obligara a regresar a Venezuela ahora, y aquellos que insisten que el gobierno debe apegarse a los estrictos estándares migratorios impuestos por el presidente.

Elliott Abrams, el enviado especial para Venezuela, argumentó que las condiciones en el país son tan graves que no deberían realizarse deportaciones al menos hasta que mejore la situación, según los funcionarios, que hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de poder describir conversaciones privadas. Pero sus llamados a encontrar la forma de ayudar a los venezolanos se han estancado debido a los argumentos de quienes se oponen a la migración, los cuales sostienen que cualquier concesión sería contradictoria a las intenciones del presidente de establecer reglas más estrictas en este tema, señalaron los funcionarios.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

El presidente y sus asesores tienen la idea desde hace tiempo de que la agenda migratoria fue un factor fundamental en la contienda presidencial de 2016 y pretenden mostrarse estrictos al respecto nuevamente en 2020. Pero el mandatario también ha presentado a Venezuela como un ejemplo para describir a los demócratas como socialistas de extrema izquierda.

Los quieren despojar de su buen sistema de atención de la salud, y esencialmente utilizar el socialismo para convertir a Estados Unidos en Venezuela, dijo Trump a sus simpatizantes durante eventos de campaña en las elecciones legislativas del año pasado.

El tema es especialmente delicado en el estado de Florida, de particular importancia política y en donde los legisladores como el senador republicano Marco Rubio han hecho llamados a Trump para que otorgue el TPS. Rubio formó parte del grupo de senadores que la semana pasada le enviaron una misiva al mandatario para exhortarlo a que otorgara las protecciones a los venezolanos.

El senador demócrata Bob Menendez, quien presentó una propuesta que haría lo mismo, dijo el martes que permanecía optimista incluso al resaltar los intentos del gobierno por despojar del TPS a los ciudadanos de países como Honduras, El Salvador, Sudán, Haití, Nicaragua y Nepal.

Mientras que algunos funcionarios del gobierno podrían pensar que es contraria a las decisiones pasadas de Trump, dijo Menendez, Venezuela encaja directamente en el concepto para el cual se creó el TPS.

Pero Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars, un instituto independiente de análisis de asuntos nacionales e internacionales, dijo que a pesar de que existe un amplio apoyo bipartidista en el Congreso a favor de la medida, representa un riesgo político para Trump al exponerlo a acusaciones de aplicar una doble moral que favorece a los venezolanos por encima, digamos, de los centroamericanos.

Doris Meisnner, de la organización no partidista Migration Policy Institute, dijo que el TPS se ha aplicado de manera flexible en otras ocasiones y se podría establecer un caso para incluir a los venezolanos, pero eso sería todo un cambio abrupto de política para Trump.

Alrededor de 437.000 migrantes de 10 países han recibido el Estatus de Protección Temporal, que fue creado en 1990. Pero muchos de los países han permanecido en la lista durante años, causando que sus detractores se quejen de que el programa se ha convertido en una amnistía automática.

Un juez federal bloqueó los intentos del gobierno de poner fin al programa para los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. Personas de otras naciones también han presentado demandas, pero esos casos siguen pendientes.

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Las periodistas de The Associated Press Colleen Long y Susannah George contribuyeron con este despacho.

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