Plebiscito. La otra alternativa al diálogo en Nicaragua
En Nicaragua desde hace un año la situación día a día va de mal en peor, no solo en lo que se refiere a la represión y conculcación de los derechos ciudadanos y la violación flagrante de los derechos humanos. También en lo económico, el desempleo, el hambre y los índices de criminalidad se dispararon en los últimos meses del 2018. La paranoia gubernamental ve enemigos "golpistas" y terroristas por donde sea, incluso, en los símbolos patrios. Portar la bandera nacional en Nicaragua, cantar el himno de la patria o simplemente vestir de azul y blanco, equivale a delinquir y ser merecedor de cárcel. Por tal razón es que la recién conformada mesa de negociación entre el régimen Ortega Murillo y la Alianza cívica por la justicia y la democracia para encontrar una salida a la crisis nacional, ya colapsó.
Y es que en un país con más de 700 secuestrados políticos en las cárceles del régimen, en donde no hay justicia para las más de 350 víctimas mortales de la masacre gubernamental en contra la protesta cívica y en donde además a diario hay redadas policiales capturando a ciudadanos disidentes de la dictadura, en donde hay amenazas, asedio y persecución a la libertad de expresión y confiscación de medios de comunicación independientes y exilio forzoso para periodistas, la "buena voluntad" del régimen para dialogar es imposible de constatar. El pasado 8 de marzo la Conferencia Episcopal de Nicaragua fijó la posición de la iglesia católica con respecto a la invitación que le hicieran los dialogantes para participar como testigos y acompañantes del proceso.
Los obispos declinaron su participación y era de esperarse. La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha agravado vertiginosamente en los últimos meses, a las presas y presos políticos del régimen los golpean y torturan constantemente en las mazmorras, un sistema de espionaje vecinal a favor de la dictadura se ha organizado en diversas comunidades para identificar a los "golpistas", vigilarlos y denunciarlos ante las hordas paramilitares o la policía política del régimen. Pero Ortega todo lo ve normal, asegura que las elecciones se celebrarán hasta el año 2021 y en lo referente a la excarcelación de los secuestrados políticos, muchos de ellos sin proceso y sin haber comparecido ante un juez después de largos meses de encierro, no muestra voluntad para liberarlos.
En Nicaragua una inmensa mayoría de la población no le tiene confianza a los representantes del sector privado y al gran capital, y no es para menos, ellos, los empresarios, han sido socios privilegiados de la dictadura y durante once años se lucraron de la protección del régimen, cabildearon y pagaron cabildeadores a favor del gobierno de Ortega para evitar la aprobación de sanciones por parte del congreso y del senado norteamericano allá por los años 2014, 2015 y 2017 incluso. Desgraciadamente ellos son en mayoría los que encabezan la Alianza cívica, a la que por cierto, se le retiró la representación del Movimiento campesino, el cual junto a los estudiantes han llevado la peor parte durante las protestas y tras la ola represiva del gobierno.
Hay opiniones internas y externas que continúan manteniendo que el dialogo es la "única opción" para resolver la crisis socio política en Nicaragua, pero esto cada día parece más improbable ante la clarísima falta de voluntad política del régimen Ortega Murillo, es incompatible el diálogo con la represión, con la prisión de inocentes, con las golpizas constantes y los tratos degradantes y crueles a los prisioneros, es más, es incompartible el diálogo o la negociación con alguien que no quiere enterase de la realidad nacional y habita en un submundo de fantasía en donde todo está normal. Ante tales circunstancias es imperativo un plan B para ejecutarse a lo inmediato, se debe promover un plebiscito para consultar al soberano sobre el adelanto de las elecciones, vinculante con la inmediata liberación de todas y todos los presos políticos.
Ortega esgrime que adelantar elecciones violaría la constitución, entonces usemos las herramientas de la constitución para escuchar al pueblo, el artículo dos (2) de nuestra carta magna es claro y nos faculta a ejercer nuestros derechos a través de este instrumento. El diálogo por ahora debe de ser entre todas las fuerzas vivas del país que nos oponemos a la dictadura, para organizar la propuesta de realización de un plebiscito arbitrado por instancias internacionales como la OEA, el Parlamento Europeo y la ONU. Dos preguntas bastarían; 1-¿Está de acuerdo con adelantar las elecciones generales SÍ o NO? 2-¿Está de acuerdo con la inmediata liberación de todos los presos políticos SÍ o NO? Este plebiscito por supuesto deberá ser vinculante y con todas las garantías para que tanto el oficialismo como la oposición, promuevan su prosélito en iguales condiciones.
Nicaragua es hoy como una olla de presión, no soportaremos más el desencuentro social, pues éste, incentivado con la represión y la conculcación de derechos ciudadanos y humanos por parte del régimen, nos pone al borde abismo y el tiempo ahora mismo no es nuestro mejor aliado. Es hora de aceptar que el diálogo sin voluntad de una de las partes, la que reprime y castiga, no conducirá a ningún lado, de no validar caminos alternativos a la negociación, llegarán más sanciones y con ellas, desempleo, hambre y criminalidad, elementos que sin duda son caldo de cultivo para la extensión de la violencia en el país.
