El Salvador: ordenan reapertura de juicio del caso jesuitas
SAN SALVADOR (AP) Un tribunal superior salvadoreño ordenó el lunes la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989.
El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Arnau Baulenas, publicó en su cuenta oficial de Twitter que la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador confirmó auto al Juzgado Tercero de Paz y le ordenó la reapertura del caso.
El juzgado debe señalar fecha para la audiencia inicial e iniciarse así el proceso en contra de los autores intelectuales, agregó Baulenas.
El IDHUCA pidió recientemente a la Cámara que acelerara la resolución si existían fundamentos para reabrir el caso, en que pide que se procese a los supuestos autores intelectuales de la matanza perpetrada por un comando del ejército el 16 de noviembre de 1989.
La UCA ha dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes pero insiste en el esclarecimiento de la autoría intelectual.
Los jesuitas consideran que la responsabilidad de los asesinatos recae sobre un grupo de militares de alta graduación ahora retirados, fundamentalmente provenientes del grupo conocido como La Tandona, que ocuparon los altos cargos dentro de la fuerza armada durante la guerra civil que concluyó en enero de 1992.
El padre jesuita José María Tojeira, que dirige el IDHUCA, ha dicho que no quieren venganza ni grandes condenas, pero creen que se deben juzgar a los autores intelectuales.
Los jesuitas ya pidieron oficialmente que se conmute la pena del coronel Guillermo Benavides, el único militar preso por su participación en la matanza, sentenciado a 30 años de prisión, de los que le resta cumplir 24. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado al respecto.
El coronel Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados. Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero luego quedaron en libertad gracias a una amnistía decretada por el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre.
Benavides había sido favorecido y sobreseído con la aprobación de la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que en julio de 2016 fue declara inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tras la derogación de la ley de amnistía, un juez confirmó la condena de 30 años y Benavides regresó a la cárcel. Sus abogados apelaron la decisión ante un tribunal superior, pero no tuvieron éxito.
Los jesuitas dicen que están convencidos de que los autores intelectuales que dieron la orden de matar a los sacerdotes jesuitas quedaron libres y que Benavides es un chivo expiatorio.
Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de su casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras --Elba y su hija Celina Ramos-- también fueron asesinadas por los militares.
