Demandan al gobierno de Trump por cambiar política de asilo

SAN FRANCISCO (AP) — La política del gobierno de Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras se resuelven sus casos en los tribunales de inmigración pone en riesgo a los migrantes y los priva de la capacidad de preparar sus argumentos, se afirma en una demanda entablada el jueves por grupos defensores de los derechos civiles.

La querella interpuesta en una corte federal en San Francisco solicita una orden judicial que le impida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) implementar la política que entró en vigor en enero en el cruce fronterizo de San Ysidro en San Diego.

Su aplicación se dio tras meses de conversaciones delicadas entre Estados Unidos y México, y según el gobierno y expertos en asilo, marcó un cambió sin precedentes en el sistema de asilo estadounidense.

Las autoridades mexicanas han enviado mensajes contradictorios en torno al punto crucial de si México fijará límites para aceptar a las familias. La política comenzó a implementarse en San Diego y aplicaba únicamente para los adultos, pero las autoridades estadounidenses han empezado a incluir a las familias, las cuales representan actualmente casi la mitad de los arrestos de la Patrulla Fronteriza.

“En lugar de poder enfocarse en preparar su defensa, los solicitantes de asilo que se ven obligados a regresar a México tendrán que enfocarse en tratar de sobrevivir”, de acuerdo con la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, la organización Southern Poverty Law Center y el Centro de Estudios de Género y Refugiados.

“Estas presiones podrían provocar que incluso aquellas personas con las solicitudes de asilo más sólidas se den por vencidas, en lugar de esperar bajo condiciones de ese tipo”.

Steven Stafford, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que el Congreso ha “autorizado explícitamente” a los funcionarios del DHS que regresen a los migrantes a un “territorio extranjero contiguo” durante sus procesos de inmigración.

“El Departamento de Justicia defenderá las acciones legales del Departamento de Seguridad Nacional en la corte”, dijo en un comunicado.

La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, dijo que la política es una “respuesta vital a la crisis en nuestra frontera sur”.

“El Departamento de Seguridad Nacional ejerce su autoridad legal para ayudar a mitigar esta crisis humanitaria y de seguridad, y poner a salvo a nuestra nación”, señaló.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza _que son el indicador más utilizado para los cruces ilegales_ han aumentado considerablemente en el último año, pero son relativamente bajos en términos históricos tras haber registrado en 2017 la menor cantidad en 46 años.

Muchos de los detenidos son familias y niños centroamericanos que buscan asilo y se entregan inmediatamente a los agentes.

La querella fue presentada un día después de que Estados Unidos regresó a los primeros menores de edad para que esperaran en México. Los niños que viajan sin compañía de un adulto y los solicitantes de asilo mexicanos están exentos de la política.

Los 13 menores fueron devueltos junto con sus familias, comentó un funcionario mexicano que no estaba autorizado para ser nombrado públicamente y habló bajo condición de anonimato. Los primeros 10 llegaron a Tijuana, México, el miércoles y los otros tres lo hicieron el jueves.

Las primeras familias que solicitaron asilo y que fueron regresadas incluyen a un pequeño de 1 año, según la demanda.

La demanda fue presentada a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos, muchos de los cuales ya han sido víctimas de la violencia en México, de acuerdo con la querella.

Uno de los demandantes, identificado como Howard Doe, escapó tras ser secuestrado y retenido por un cártel de narcotraficantes durante más de dos semanas mientras viajaba por México hacia la frontera de Estados Unidos, se lee en la querella. Agrega que los solicitantes de asilo no tienen dinero para quedarse en México mientras luchan por obtener el asilo en Estados Unidos, ni familiares ahí para que les ayuden durante el proceso legal.

La demanda acusa al gobierno estadounidense de violar las leyes migratorias que limitan quién puede ser enviado de regreso a México, que requieren que los migrantes tengan una oportunidad real de solicitar el asilo y que prohíben la repatriación de individuos que enfrentarán persecución, tortura o trato cruel.

También señala que el gobierno implementó la nueva política sin una “explicación razonada”, lo que incumple los requisitos administrativos.

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El periodista de The Associated Press Elliot Spagat en San Diego contribuyó a este despacho.