Nueva crisis en España, ahora por rechazo de presupuestos
MADRID (AP) — Legisladores independentistas catalanes y de derechas rechazaron el miércoles en el Parlamento español los proyectos de presupuesto general del gobierno socialista, abriendo la puerta a una posible convocatoria de elecciones generales anticipadas por parte del presidente, Pedro Sánchez.
La votación 191-158 con una abstención significa una nueva crisis en la política española. Algunos ministros habían anticipado que una derrota en el legislativo conduciría a una nueva elección general. En la única ocasión en que el gobierno había perdido una votación sobre presupuesto, en 1995, los socialistas se vieron forzados a disolver el Parlamento y convocar a elecciones.
En 1995, la única otra vez que un gobierno español perdió una votación sobre el presupuesto, los socialistas se vieron obligados a disolver el Parlamento y convocar elecciones.
La oficina del presidente del gobierno dijo que Sánchez planea anunciar su decisión después de la reunión semanal del gabinete del viernes.
El dirigente opositor Pablo Casado, del derechista Partido Popular, dijo que "hoy (miércoles) acaba de producirse una moción de censura de facto contra Pedro Sánchez".
Al él se sumó el líder del partido centroderechista Ciudadanos, Albert Rivera, para reclamar elecciones lo antes posible.
"Para frenar al separatismo y unir a los españoles, para hablar del futuro y no del dictador Francisco) Franco o el aborto, tenemos que mirar al futuro. Queremos elecciones ya".
En tanto, los legisladores separatistas catalanes cuyos votos resultaron cruciales para la derrota del presupuesto, atribuyeron la crisis al rechazo por los socialistas de un diálogo sobre autodeterminación.
"No se puede ir a encarar los retos que tenemos en la sociedad, con una izquierda tan atemorizada y tan cercana a la derecha" dijo el legislador catalán Joan Tardá. "Tarde o temprano habrá que negociar una solución, una solución democrática".
Los diputados de las formaciones secesionistas catalanas exigían abrir conversaciones sobre la autodeterminación de la región, ubicada en el noreste del país, a cambio de apoyar las cuentas de Sánchez, pero el ejecutivo minoritario de centroizquierda rechazó la propuesta.
Los socialistas controlan apenas 84 de los 350 escaños de la cámara baja.
Sus votos y los del partido antiausteridad de izquierdas Podemos no fueron suficientes para contrarrestar a la mayoría formada por el centroderecha, los conservadores y partidos más pequeños, entre los que estaban los independentistas, que votaron a favor de seis enmiendas a la totalidad por 191 a 158 con una abstención.
Sánchez llegó a la presidencia del gobierno el año pasado cuando los catalanes se unieron a la formación antiausteridad Podemos y a otras más pequeñas para respaldar la moción de censura a su predecesor, el derechista Mariano Rajoy.
Sin el respaldo de la cámara baja, el gobierno de Sánchez no puede aprobar leyes significativas y necesitaría prorrogar el plan de gasto de Rajoy para 2018. Esto privaría al ejecutivo de fondos para las políticas sociales que prometió a sus votantes y que fueron clave para mantener el respaldo de Podemos.
Sánchez salió apresuradamente de la cámara después de la votación, esquivando las preguntas de la prensa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que era lógico que el período de Sánchez, que finaliza el año próximo, se viera acortado con el rechazo de las cuentas, pero que correspondía al propio presidente decidir si y cuándo convocar a una nueva elección general.
Las negociaciones con la nueva coalición independentista que asumió el control de Cataluña tras el intento fallido de secesión de 2017 se rompieron la semana pasada cuando el ejecutivo de Sánchez se negó a aceptar conversaciones sobre la autodeterminación de la región del noreste de España.
Cualquier posibilidad de acuerdo se ha visto lastrada por la frustración que sienten muchos partidarios de la independencia en Cataluña por el juicio contra una decena de políticos y activistas que lideraron el intento de secesión de hace dos años.
El juicio de fuertes tintes políticos entró el miércoles en su segunda jornada. La fiscalía del Tribunal Supremo criticó lo que calificó de intentos de la defensa de convertir el proceso en un examen al Estado y el poder judicial españoles. Javier Zaragoza calificó de "ridículos" e "injustificados" los argumentos presentados el martes, en el arranque del proceso, por la defensa, que dijo que el caso tiene motivaciones políticas y que busca eliminar la disidencia en la problemática región.
Doce políticos y activistas catalanes enfrentan posibles penas de cárcel si son condenados por los cargos que se les imputan, incluyendo el de rebelión, por su papel en una declaración unilateral de independencia que abrió una crisis política sin precedentes en el país a finales de 2017.
