La polémica ayuda a víctimas de delitos de inmigrantes

WASHINGTON (AP) — Donald Trump eligió el mejor escenario posible para dar a conocer una de sus primeras iniciativas en torno a la inmigración: Hablando ante una sesión conjunta del Congreso un mes después de asumir la presidencia, Trump anunció la creación de una línea telefónica especial para las víctimas de delitos cometidos presuntamente por inmigrantes.

Casi de inmediato, la línea se vio envuelta en controversias y confusiones.

Hay quienes dicen que la línea de Ayuda a las Víctimas de Delitos Cometidos por Inmigrantes (VOICE, según la abreviatura del nombre en inglés, Victims of Immigration Crime Engagement) es una maniobra cínica para complacer a la base de Trump, con la que se desperdician millones de dólares y se perpetúa la falsa noción de que los inmigrantes son más proclives a cometer delitos que los estadounidenses. Otros la ven, equivocadamente, como un instrumento para denunciar a vecinos, colegas o extraños que se sospecha podrían estar en el país ilegalmente.

Dos años después, la línea especial sigue funcionando. El gran desafío que enfrenta es abstraerse del polvorín político que representa el debate en torno a la inmigración y ayudar a las víctimas de delitos de maneras que los tribunales no las van a ayudar, como, por ejemplo, informando si los agresores fueron deportados.

“Yo diría que, sin importar lo que piense uno, estamos aquí para ayudar”, expresó la directora de la iniciativa Bárbara González a la Associated Press. Gonzáles trabaja desde hace tiempo para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés, ICE.

Si bien ICE es responsable del arresto y la deportación de las personas que están en el país ilegalmente, González destaca que la línea especial no es usada con esos fines. Se preocupa por ayudar a las víctimas de delitos sin importar su status inmigratorio, aseguró. A quienes llaman no se les pregunta acerca de ese status.

Pero se les informa que la conversación está siendo grabada y que sus nombres, direcciones, números de teléfono y otra información serán guardados y tal vez compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional. Por ello, las víctimas de delitos que están en el país sin permiso podrían mostrarse reticentes a dar esa información.

González indicó que la información de las víctimas es compartida “si hay alguna necesidad”, aunque se trata de velar por su privacidad. No dio más detalles acerca de cuándo se comparte y no está claro cuánto tiempo se guarda la información.

Afirmó que antes de que se crease la línea especial, las víctimas de delitos no podían conseguir información acerca del status inmigratorio del sospechoso. Las autoridades municipales y estatales pueden informar acerca de condenas, pero no saben si la persona fue deportada o no. No tienen acceso a los archivos del ICE.

Eso no convence a los activistas defensores de la causa de los inmigrantes.

“Para mí, toda la premisa es racista”, expresó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes. “Se aprovecha del dolor, del sufrimiento y de tragedias legítimas con fines políticos, para generar apoyo para la agenda anti-inmigrante del presidente Trump”.

En lugar de ofrecer apoyo y servicios a las víctimas de delitos, la línea aumenta “la sensación de que hay que temer al vecino”, sostuvo Salas.

Douglas Rivlin, portavoz de la organización defensora de los derechos de los inmigrantes America’s Voice, dijo que la línea fue creada porque Trump “quería estar en condiciones de decir que estaba haciendo frente a la ola ficticia de delitos cometidos por inmigrantes que surge de sus fantasías anti-inmigración”.

La línea tuvo un despegue complicado. Por error, se compartió información personal de las personas que llamaban. En los primeros meses, la mayoría de las llamadas eran obvias bromas.

El informe público más reciente del funcionamiento del servicio, que abarca la actividad del 26 de abril del 2017 al 30 de septiembre del 2017, dice que hubo 4.602 llamadas. Con el correr del tiempo hubo muchas menos llamadas, pero en casi todas (2150 de 3.351) eran bromas. Pero hacia el final de ese período, la mayoría eran para denunciar delitos.

Los 27 empleados de la oficina de González están dispersos por todo el país y son parte de la oficina de enlace con la comunidad de ICE, con un presupuesto de 3,9 millones de dólares. Las llamadas son recibidas por un operador, que las pasa a agentes.

Una mujer que llamó, cuya hija de 20 años, estudiante de medicina, fue violada, dijo que le preocupaba la línea dura de Trump.

“Cuando eres víctima de un delito, nadie recibe suficiente apoyo”, declaró González. “Tener una oficina dedicada a este peculiar cruce de inmigración y justicia penal, dos sistemas que no se hablan entre sí... me ayudó mucho, aunque sé que es poco común que un inmigrante cometa un delito contra un ciudadano”.

La mujer pidió permanecer anónima porque no quería revelar la identidad de su hija. El atacante de la muchacha se declaró culpable de cargos reducidos y fue condenado a cinco años de prisión. La madre no pudo hablar en la vista sobre su libertad bajo palabra porque no se le informó de la audiencia a tiempo y se sentía muy frustrada.

Dijo que entendía que, si bien su hija fue agredida por un inmigrante, esa no es la norma. Sin embargo, de todos modos quería saber si el sospechoso había sido deportado tras cumplir su condena y temía que le pasase algo a su hija. Llamó a la prisión, a los fiscales y al ICE, y nadie sabía cómo ayudarla.

Sin embargo, cuando llamó a VOICE, un empleado encontró la información de cuándo sería liberado y cuándo sería recogido por los agentes del servicio de inmigración. Un agente la mantuvo informada en todo momento y le dijo incluso cuándo el hombre fue deportado, en agosto pasado.

“Honestamente, la ayuda que me brindaron fue increíble”, señaló.