Nicaragüenses huyen y llegan a EEUU en busca de paz

MIAMI (AP) — Un médico que dice haber sido torturado por grupos izquierdistas que respaldan al Estado. Una madre que enfrenta arresto tras haber denunciado violaciones a los derechos humanos en redes sociales. Un taxista cuya casa fue apedreada porque dice haber participado en protestas.

Éstos son algunos de los cientos de nicaragüenses que escaparon de su país hacia Estados Unidos tras meses de disturbios y aseguran que aún temen ser perseguidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega si fueran obligados a regresar a la nación centroamericana.

“Salí de Nicaragua por la represión, el asedio, la intimidación contra mi persona”, aseguró Luis Rodolfo Ibarra Zeledón, un médico de 32 años que dijo haber caído en la mira de las autoridades por haber ayudado a manifestantes opositores lesionados durante las protestas. “Si me quedaba, lo más probable es que me hubieran desaparecido en cualquier lugar”.

Los disturbios en Nicaragua comenzaron en abril de 2018 tras reformas a la seguridad social que desencadenaron marchas y demandas para que Ortega renunciara tras más de 11 años en el poder. Más de 300 murieron según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunas ONG sostienen que esa cifra supera los 500.

La presidencia asegura que los manifestantes son delincuentes y los acusa de trabajar con Estados Unidos para fraguar un golpe de Estado.

Aunque la convulsión ha cesado, el país de poco más de seis millones de habitantes enfrenta una de sus peores crisis políticas desde la guerra civil y miles de nicaragüenses han huido. De acuerdo con Naciones Unidas, la gran mayoría --al menos 29.000-- ha escapado a Costa Rica.

Estos nuevos inmigrantes se suman a otros 444.500 nicaragüenses que ya viven en Estados Unidos. Gran parte de ellos huyó de otras crisis, especialmente de la guerra civil (1977-1990) y de los desastres causados por el huracán Mitch en 1998.

“Desde abril para acá hay un incremento tremendo” de nicaragüenses que llegan, dijo Alfonso Oviedo Reyes, un abogado de inmigración que ha estado ofreciendo a estos centroamericanos información sobre asilo en bibliotecas públicas del sur de la Florida.

Los nuevos migrantes llegan en momentos complicados: el gobierno del presidente Donald Trump anunció la terminación de un programa que permitía residir temporalmente en este país a nicaragüenses que habían llegado con anterioridad, poniendo en riesgo de deportación a más de 5.000 personas. Además ha implementado normativas más severas para los extranjeros que buscan asilo, aunque al mismo tiempo ha acusado al gobierno de Ortega de abusos a los derechos humanos y ha impuesto sanciones económicas a funcionarios nicaragüenses de jerarquía.

Ibarra, el medico de familia, permaneció casi tres meses detenido en un centro de inmigrantes de Arizona tras haber cruzado la frontera con México de manera ilegal a finales de septiembre y haber pedido asilo inmediatamente. Fue liberado en diciembre después que dos amigos estadounidenses pagaron una fianza de 28.500 dólares y le ofrecieron vivir en su casa en Florida.

En una entrevista telefónica con AP, Ibarra dijo que decidió irse de Nicaragua después de recibir amenazas de muerte. Una de ellas fue a través de un video que le enviaron por WhatsApp en el que se ven hombres armados vestidos con uniformes militares junto con imágenes de Ibarra, su esposa, su bebé y su madre. Una voz en off dice que está esperando órdenes para “ajustar cuentas pendientes".

Ibarra dice que el gobierno lo puso en la mira porque atendió en su casa de la ciudad de Esteli, en el norte de Nicaragua, a manifestantes heridos durante las protestas. Un día, mientras iba en una ambulancia, un grupo de hombres armados los pararon, lo obligaron a bajarse del vehículo, lo golpearon y lo arrojaron y dejaron abandonado en un campo, expresó.

“Tenía una vida, buen salario, buen trabajo, casa, comida”, manifestó. “Nunca me interesó viajar a Estados Unidos. Vivía a gusto en mi país”. Agregó que espera que su esposa y su niña de un año puedan unirse a él en Estados Unidos. La mujer no tiene visa.

Aunque parece claro que más nicaragüenses están llegando como refugiados, hay pocas estadísticas recientes. Sin embargo, se ha incrementado la cantidad de estos nacionales que han cruzado ilegalmente la frontera con México y han sido detenidos bajo custodia del departamento de Seguridad Interior.

Unos 1.000 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur en los 12 meses comprendidos entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, una cantidad que no varió mucho en años recientes.

Aún no hay estadísticas disponibles para los últimos meses, pero las autoridades dijeron recientemente que 1.300 nicaragüenses que habían cruzado ilegalmente la frontera sur permanecían detenidos, una cifra que no incluye a aquellos que fueron liberados bajo fianza o deportados.

Por otra parte, las solicitudes de asilos presentadas por nicaragüenses en las cortes de inmigración ascendieron de 351 en el año fiscal 2016 a 599 el año siguiente, y a 654 en el periodo correspondiente entre octubre de 2017 y septiembre de 2018.

“Anteriormente casi nunca veíamos nicaragüenses que pedían asilo político”, dijo Alan Dicker, del grupo Detained Migrant Solidarity Committee de El Paso, Texas, que ayuda a migrantes detenidos a pagar sus fianzas. “Hemos recibido numerosos pedidos para que paguemos fianzas de nicaragüenses, algunas de las que hemos podido pagar y otras no”.

La creciente llegada de nicaragüenses a Estados Unidos va a seguir, de acuerdo con Charles Ripley, un profesor de ciencias políticas de Arizona State University que vivió en Nicaragua durante años y visitó ese país en junio. “La economía se ha desmoronado”, expresó Ripley en una entrevista telefónica con AP. “Estas son personas que temen al gobierno, pero lo que es más importante, hay un problema de refugiados económicos. Las personas de todos los espectros están perdiendo sus trabajos en Nicaragua”.

Asilo es lo que Luis Antonio Campos Manzanares tenía en mente. El taxista de 26 años dijo que después de sumarse a las protestas en Boaco, en la región central de Nicaragua, fue perseguido y amenazado por partidarios del gobierno.

“Ya no hallaba qué hacer”, dijo mientras mostraba una fotografía de un tío con su rostro ensangrentado después de haber sido presuntamente golpeado por activistas que apoyan al gobierno. “Vinimos buscando alguna forma que nos ayuden. No podemos regresar porque nos pueden matar”, expresó en una entrevista reciente en casa de una tía en Miami.

El joven cruzó la frontera con un primo en julio y se entregó a oficiales de la patrulla fronteriza. Permaneció detenido hasta octubre, cuando sus familiares juntaron los 12.000 dólares requeridos para su fianza. Ahora lleva en una de sus piernas una tobillera electrónica que le informa a las autoridades sobre su paradero y vive en casa de su madre, un ama de casa que también huyó de su país hace tres años y ha pedido asilo político.

Entre los nicaragüenses que buscan asilo se encuentran también Darling Pérez, su esposo y su bebé de 12 meses, quienes llegaron con visas de turista. La pediatra de 34 años trabajaba en un hospital público de la provincia central de Chontales, donde sus jefes le advirtieron que no atendiera a manifestantes heridos en las protestas. Pérez dijo que fue despedida después que comenzó a atender a estudiantes lesionados en clínicas privadas y criticó abiertamente al gobierno en redes sociales.

La mujer terminó en una lista de “buscados” publicada en posters en los que aparece su nombre junto al de otras personas involucradas en las manifestaciones. Aunque el afiche no menciona ningún delito, ella dijo que el gobierno trata a los disidentes como si fueran criminales.

“Me tienen en posters como si fuera terrorista”, dijo Pérez, quien vive en la casa de un hermano nicaragüense-estadounidense en el centro de la Florida. “No puedo regresar allá”.

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Torrens reportó desde Nueva York.