Legisladora hondureña se enfrenta a un juicio por difamación

TEGUCIGALPA (AP) — Días antes de las elecciones de Honduras de 2017, una ex alto cargo de la policía nacional, María Luisa Borjas, ofreció una conferencia de prensa en la que leyó reportes de investigaciones del gobierno sobre tres asesinatos de alto perfil.

Ahora, como legisladora de la oposición, se enfrenta a una posible multa y a la pérdida de su escaño en el Congreso en el juicio que arranca el lunes en su contra por difamación. Su presunto delito fue dar nombres _ los de los supuestos “autores intelectuales” de un asesinato incluidos en uno de esos informes _ en un país donde el poder ha gozado de una larga impunidad.

Durante años, organizaciones internacionales criticaron a Honduras y a otras naciones latinoamericanas por los cargos penales de difamación, que son considerados potentes herramientas que permiten que las élites _ a menudo los propios legisladores _ silencien a sus críticos.

Borjas tiene un largo historial de denuncias contra la corrupción, empezando por las propias filas de la policía cuando dirigía la unidad de asuntos internos.

"Es una persecución política y además quieren sentar un precedente para que nadie se atreva a denunciar absolutamente nada aquí”, manifestó Borjas. "La gente dice ‘bueno, si hacen esto contra una diputada, ¿qué es lo que no pueden hacer conmigo?’”.

En otro caso separado, la Corte Suprema de Justicia rechazó a principios de este mes volver a juzgar al periodista David Romero, quien criticó abiertamente al presidente Juan Orlando Hernández. Los jueces ratificaron una pena de 10 años de prisión impuesta a Romero en 2016 tras ser condenado por varios cargos de difamación por sus reportes sobre la esposa de un ex procurador general.

La Constitución hondureña garantiza el derecho al honor de sus ciudadanos, y la difamación está considerado un delito contra el honor.

El Comité por la Libre Expresión, con sede en Honduras, identificó 41 casos penales relacionados con delitos de honor desde 2003, de los cuales 13 eran contra periodistas. Este mes, el grupo señaló que “la sola existencia de estos delitos, y la emisión de sentencia con penas desproporcionadas, poseen además el efecto de intimidación y autocensura sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión”. El comité solicitó la despenalización de estos actos, especialmente cuando un supuesto comentario o reporte difamatorio es de interés general.

En el caso de Borjas, Camilo Atala, presidente del banco Ficohsa, fue quien presentó la denuncia.

El suyo era uno de los 16 nombres que aparecían en uno de los documentos que leyó la legisladora: un reporte del inspector general del Ministerio de Seguridad con los supuestos conspiradores en la muerte de la activista medioambiental Berta Cáceres en 2016. El documento señaló que los sospechosos fueron identificados en base a las evidencias recopiladas, incluyendo escuchas telefónicas y correos electrónicos recuperados, pero no entró en detalles sobre el supuesto papel de Atala.

En noviembre, un tribunal halló a siete personas culpables de participar en el asesinato de Cáceres, pero su familia sigue reclamando que se haga justicia con los responsables de su muerte.

Borjas dijo que leyó los informes a los periodistas ese día porque sabía que estaban en poder de los fiscales, que no habían actuado al respecto. Además, ese mismo día presentó una queja a la comisión nacional de derechos humanos.

La denuncia de Atala alega que los comentarios de Borjas "afectan directamente sus relaciones comerciales con sus socios nacionales y extranjeros, así también los clientes de la institución bancaria". El documento señala además que las declaraciones "han causado un daño irreparable al honor, prestigio y dignidad" del banquero.

Luis Padilla, el abogado que presentó la demanda, dijo inicialmente que hablaría con un reportero sobre el caso pero, al ser telefoneado en la hora acordada, se negó a hacerlo. El letrado respondió con una misma grabación en bucle a las distintas preguntas del periodista.

Padilla accedió más tarde a pasar un mensaje a Atala pidiendo comentarios, pero no hubo respuesta.

El pasado enero, representantes de Atala se ofrecieron a retirar la demanda si Borjas se retractaba públicamente de su declaración, algo a lo que ella se negó. Su abogada, Kenia Oliva, señaló que sigue habiendo posibilidades de llegar a un acuerdo, pero la petición de Atala para retire sus palabras sigue en pie.

Con un único cargo por difamación en su contra, Borjas dijo que no espera una pena de cárcel si es hallada culpable, pero si una multa. Además prevé que un posible intento de expulsarla del Congreso tras la condena.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó la utilización de este tipo de casos por parte del poder diciendo que “(Si) se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.

En su conferencia de prensa del 22 de noviembre de 2017, Borjas dijo a los reporteros que en Honduras el crimen más grave es reportar la comisión de uno. "En este país el delito es denunciar, no es asesinar, no es traficar con drogas, con armas, no es asaltar”, manifestó.

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El periodista de The Associated Press Freddy Cuevas informó desde Tegucigalpa, y Christopher Sherman desde la Ciudad de México.