Preocupa a solicitantes de asilo en EEUU esperar en México
TIJUANA, México (AP) — Eusebio Gómez pensaba que cuando pisara suelo estadounidense tras recorrer casi 5.000 kilómetros y pasar un mes estancado en la frontera de Tijuana, el largo viaje hacia Estados Unidos habría concluido. Ahora no lo tiene tan claro porque el gobierno de Donald Trump acaba de dar un giro radical a su política migratoria.
México anunció el viernes que Washington planea regresar a 20 migrantes al día a territorio mexicano mientras se tramitan sus peticiones de asilo en ese país. La medida, que empezaría a aplicarse en el cruce de San Ysidro, en Tijuana, podría suponer el mayor cambio en el sistema migratorio de Estados Unidos en años.
A Gómez, uno de los 25 solicitantes de asilo al que las autoridades estadounidenses atendieron el viernes en ese punto, le intranquilizaba la posibilidad de tener que esperar en una ciudad con altos índices de violencia.
“No es por el dólar, es por la seguridad”, dijo el joven hondureño de 18 años.
México ha dicho que “no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos”, en palabras del portavoz de la cancillería, Roberto Velasco. Sin embargo, sí recibirá a los migrantes en congruencia con su política de respeto a esta población y sus derechos. Según Velasco, el plan estadounidense es empezar en San Ysidro y extender esta práctica al resto de los cruces fronterizos.
La medida no ha sido bien recibida por los afectados. Juan Portillo, que llegó a Tijuana hace dos meses con su esposa y una hija de 7 años, coincide con Gómez. A este venezolano de 38 años, que salió de su país por la represión sufrida tras participar en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, no le gusta la nueva estrategia.
“No lo veo bien, acá no se siente seguro”, afirmó justo antes de que las autoridades mexicanas le colocaran en una camioneta y se lo llevaran junto con su familia y otros siete migrantes para entregarlos a las autoridades estadounidenses.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, la política “reducirá la cantidad de extranjeros que se aprovechan de las leyes de Estados Unidos y desalentará las solicitudes falsas de asilo”, a la vez que ya no permitirá que los que piden asilo “desaparezcan en el interior de Estados Unidos antes de que un tribunal emita una orden final”.
Pero los grupos de defensa de derechos humanos la han criticado duramente y se esperan impugnaciones legales contra ella.
Uno de estos colectivos, el Southern Poverty Law Center, advirtió que crearía un caos en la frontera, mientras que Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos Fronterizos de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo en un comunicado que podría poner en peligro vidas humanas.
Los legisladores demócratas Dianne Feinstein y Jerrold Nadler emitieron el viernes un comunicado en el que alertan de los peligros de la nueva política.
“Los solicitantes de asilo son presa fácil para los criminales y los cárteles en México, pero el plan de Trump les obliga a permanecer en lugares peligrosos, donde incluso pueden ser perseguidos o torturados”, indica la nota.
Velasco dijo desde la Ciudad de México que los primeros migrantes con los que se pondría en práctica la nueva medida serían devueltos por la garita de San Ysidro en cuestión de horas.
Indicó que ese primer grupo estaría conformado por centroamericanos con visas mexicanas humanitarias que permiten entradas y salidas múltiples, lo que podría significar que formaron parte de la caravana que llegó a la frontera a finales del año pasado, ya que muchos de sus miembros accedieron a este tipo de permisos temporales.
Las autoridades estadounidenses dijeron que los menores no acompañados y los mexicanos que solicitan asilo no serían sujetos de estas medidas.
Por su parte, Velasco indicó que México “no aceptará la devolución de personas extranjeras que hayan apelado la negativa a su solicitud de asilo”, a menores que viajen solos ni a personas con problemas de salud, y detalló que se estudiarían de forma individual los casos de familias.
Velasco, que leyó un pronunciamiento oficial y no admitió preguntas de la prensa, no aclaró dónde serían alojadas esas personas que podrían tener que esperar meses o incluso años hasta que llegue una respuesta, y agregó que una vez que el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos haya concluido, “la ubicación física de los solicitantes será responsabilidad exclusiva del gobierno” de ese país.
Akbar Heybari, un iraní que ha estado pagando un hotel en Tijuana para toda su familia _su esposa y sus dos hijos de 15 y 12 años_, mostró su preferencia por esperar en casa de una sobrina suya que estudia medicina en la Universidad de California, en lugar de permanecer en México.
“Se está bien (en Tijuana), pero no queremos estar aquí más tiempo”, añadió este granjero que piensa pedir asilo por haber sido perseguido por su activismo político.
Según un funcionario estadounidense que conoce el plan y pidió el anonimato porque se trata de una medida que no ha sido dada a conocer de manera oficial todavía, Estados Unidos piensa trasladar a los migrantes en autobuses de uno a otro lado de la frontera para llevarlos a las audiencias que tendrán lugar en San Diego, pero el gobierno de Trump no se encargará de gestionar encuentros con abogados, que podrían visitar a sus clientes en Tijuana o hablar con ellos por teléfono.
Tan sólo en el listado del cruce de San Ysidro hay unas 2.400 personas que esperan turno, y las autoridades estadounidenses han estado llamando a unos cien al día.
En total, durante un periodo reciente de 12 meses, Estados Unidos dio curso a 92.959 entrevistas de “temor creíble”, el primer paso para el asilo en el que una persona explica por qué teme regresar a su país de origen. Esta cifra representó un aumento de 67% respecto al año previo.
Aunque los cruces ilegales desde México se encuentran en niveles históricamente bajos, ha habido un incremento en las solicitudes de asilo, en especial de familias centroamericanas.
Debido a la falta de espacio y a un límite judicial de 20 días para mantener detenidos a niños, las familias normalmente son puestas en libertad con un aviso para que se presenten ante una corte de migración, pero como hay un retraso de más de 800.000 casos, eso puede llevar años.
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Verza reportó desde la Ciudad de México