Temor y fervor ante la idea de más armas de fuego en Brasil

SAO GONÇALO, Brasil (AP) — Temiendo por su seguridad debido al aumento de la delincuencia en Brasil, Paulo Alberto se inscribió en un club de tiro hace tres años y aprendió a disparar. Sin embargo, debido a las complicadas leyes en el país que impiden la portación de armas, dice tener pocas opciones para protegerse afuera de su casa.

“Las leyes actuales son muy estrictas y terminan ayudando a los rufianes”, dijo Alberto entre rondas de tiro en el club Calibre 12 en Sao Gonçalo, frente a la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. “Necesitamos leyes que faciliten tanto poseer como portar armas”.

Es una opinión que muchos comparten, incluso el nuevo presidente Jair Bolsonaro. El martes, Bolsonaro, un excapitán del ejército que saluda a sus partidarios haciendo como si sus manos fueran una pistola, dio el primer paso para aumentar considerablemente el número de armas de fuego en Brasil, el país con más homicidios totales en el mundo.

Por decreto, Bolsonaro eliminó el requisito para que quienes quieran tener un arma justifiquen a la policía federal por qué la necesitan, creando en su lugar una gran variedad de circunstancias válidas. Las categorías son tan amplias _los ciudadanos que viven en zonas rurales, aquellos en áreas urbanas con altos índices de homicidios, los propietarios de comercios, los coleccionistas de armas y los cazadores_ que prácticamente cualquier ciudadano de 25 años o más que quiera un arma de fuego podrá poseer una.

Los que deseen tenerla todavía deberán cumplir con requisitos que incluyen no tener antecedentes penales, someterse a un examen psicológico y capacitarse en un campo de tiro. Y la restricción que más odian los defensores de las armas _la del derecho de los civiles a portarlas_ permanece intacta, al menos por ahora.

Durante el anuncio del martes de la semana pasada Bolsonaro dijo que se procurará “promover más reformas ante el poder legislativo”, haciendo referencia a las leyes de portación de armas.

Dichos cambios motivan a los partidarios de la posesión de armas de fuego, y son una posible bendición para los que las producen. En el primer día de Bolsonaro en el puesto a principios de mes, las acciones del fabricante de armas de fuego Forjas Taurus subieron 30%.

Pero para los grupos defensores de los derechos civiles, los expertos en seguridad y muchas personas en los barrios asolados por la violencia, los posibles cambios son aterradores.

Múltiples estudios en Brasil y Estados Unidos han demostrado que la disponibilidad de más armas deriva en tasas de homicidios más elevadas. Es un futuro preocupante en un país que, según las cifras más recientes disponibles, en 2017 rompió su propio récord de homicidios con casi 64.000 asesinatos, 70% de ellos por armas de fuego.

“Estamos hablando de vida y muerte”, dijo Ilona Szabo, cofundadora de Igarape, un centro de investigación que se enfoca en la seguridad pública. “No es algo con lo que se deba jugar en el país con más homicidios del mundo”.

Szabo y otros expertos en seguridad argumentan que, en lugar de ampliar el acceso a las armas, las leyes actuales sobre éstas deberían aplicarse con mayor rigor.

En un cáustico editorial titulado “Decreto irresponsable”, el diario O Globo de Río de Janeiro dijo que de por sí ya hay poca supervisión de los propietarios de un arma, y apuntó a una investigación de la legislatura estatal del estado en 2001 que encontró que la mayoría de las armas traficadas ilegalmente comenzaron siendo legales.

“No hay una garantía de que el facilitar la posesión (de armas) vaya emparejado con ningún control efectivo”, señaló.

El decreto de Bolsonaro no mencionó un fortalecimiento en el actual sistema de reporte de armas. En contraste, extendió el periodo de renovación de licencia de cinco a 10 años. En el Congreso, los cabilderos pro armas conocidos como la “bancada de la bala” han dejado claro que su enfoque es la desreglamentación, y no añadir más requisitos administrativos.

Desde que se aprobó una ley para endurecer las que regulan las armas en 2003, esa bancada ha presentado varios proyectos de ley para ampliar el acceso y la disponibilidad de las armas de fuego. Entre ellos había algunos que sancionaban el transporte de armas ocultas, aumentaban el número de armas que un individuo puede poseer y cuántas municiones puede comprar.

Dichas iniciativas no han conseguido prosperar en los cuatro gobiernos anteriores encabezados por mandatarios del Partido de los Trabajadores. Pero los analistas políticos dicen que la contundente victoria de Bolsonaro en las elecciones de octubre, combinada con una profunda frustración por la violencia, significa que existe una buena posibilidad de que sean aprobadas.

Sin embargo, las encuestas han mostrado una y otra vez que la mayoría de los brasileños no están convencidos de que tener más armas sea una buena idea.

Un sondeo de Datafolha publicado a fines del año pasado encontró que el 61% de las personas encuestadas creen que las armas de fuego deberían estar prohibidas y que representan una amenaza para los demás. La encuesta, en la que fueron entrevistadas 2.077 personas, tuvo un margen de error de 2%.

En forma similar a los argumentos planteados por la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, los partidarios de leyes de armas más flexibles a menudo argumentan que “las armas no matan a la gente; la gente mata a la gente”.

El debate llega en medio de un contexto desconcertante: Nadie sabe cuántas armas ya están en circulación en Brasil, una nación de 210 millones de habitantes y limítrofe con más de media docena de países.

Luego de la ley de 2003 para restringir la posesión de armas, los estudios estimaron que el número de éstas era de aproximadamente 17,5 millones, de propiedad tanto legal como ilegal.

Desde entonces, sin embargo, los expertos en seguridad dicen que no se han realizado estudios definitivos, en parte porque el monitoreo de las armas nunca se ha financiado ni implementado adecuadamente.

Quienes están a favor de que haya menos regulaciones arguyen que, debido al fracaso de los gobiernos anteriores en garantizar la seguridad, los ciudadanos tienen derecho a protegerse con armas de fuego.

Pero un incidente en que estuvo involucrado el mismo Bolsonaro parecería ilustrar cómo portar armas no necesariamente significa estar protegido. En 1995 el entonces legislador viajaba en su motocicleta cuando fue confrontado por dos hombres armados en Barra de Tijuca, un vecindario adinerado de Río de Janeiro.

A Bolsonaro le robaron la moto y una pistola Glock 380 que tenía permiso para portar por haber pertenecido al ejército.

“Incluso armado, me sentí indefenso”, dijo el mandatario a los diarios locales en esa época.

Pese al incidente, Bolsonaro y otros funcionarios del gobierno argumentan que la población civil necesita de armas para defenderse.

El senador Major Olimpio, miembro del partido de Bolsonaro, dijo a principios de mes que el Congreso actuaría para repeler partes de la legislación de desarme de 2003.

“Es una gran falacia decir que las armas incrementarán la violencia”, dijo Olimpio a Globo News TV. “En los delitos hay armas ilegales involucradas”.

La posesión ilegal de armas está en el centro de muchos de los delitos en Brasil, en especial aquellos en los que se involucran grupos de narcotraficantes, que a menudo portan armas automáticas en los vecindarios pobres que controlan. Sin embargo, por lo general esas armas comienzan siendo propiedad legal de la policía, personal militar o compañías de seguridad que muchas personas ricas contratan para su resguardo.

Dada la realidad de que muchas armas terminan en manos de los criminales a través del robo o la corrupción, quienes están en contra de menores regulaciones argumentan que una mayor presencia de armas legales solo se traducirá en más armas ilegales y delitos.

Una de las opositoras a la medida es Camila Lima, de 32 años, quien quedó paralítica a los 12 años después de que una bala perdida le impactó el cuello durante un tiroteo entre criminales y guardias de seguridad en un vecindario de Río.

Ella y su madre cabildearon a favor de la ley de 2003 para establecer leyes más estrictas para el control de armas, y lamentan que el país se dirija ahora en sentido opuesto.

“Si los funcionarios del gobierno quieren armar a la población, deberían incluir una cláusula que los responsabilice por las víctimas”, comentó Lima. “A mí me dispararon y nadie se responsabilizó”.

Sin embargo, en un país en donde la violencia tiene un desmedido papel en la vida diaria, algunas de las víctimas creen que la solución está en facilitar armas de fuego.

La noche del martes, apenas horas después de que Bolsonaro emitió su decreto sobre la ley de armas, Matheus Lessa, de 22 años, murió baleado mientras intentaba proteger a su madre durante un robo en la tienda de su familia en Río de Janeiro.

En el funeral de su hijo el jueves, Luciano Lessa lamentó que su familia no tuviera forma de protegerse.

“Los criminales pueden ir por la calle armados, ¿por qué no la gente trabajadora?” preguntó un afligido Lessa. “¿Tenemos que esperar a que nos disparen como le dispararon a mi hijo?”

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Los periodistas de The Associated Press Marcelo Sousa de Silva y Yesica Fisch en Río de Janeiro contribuyeron a este despacho.

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