Texas: Casos relacionados con el muro siguen adelante
HOUSTON (AP) — Un fiscal federal en el sur de Texas dijo esta semana en la corte que durante el cierre parcial del gobierno solamente se le ha permitido trabajar en casos relacionados con el muro fronterizo del presidente Donald Trump.
El Texas Civil Rights Project (Oficina Legal del Pueblo Unido), un organismo sin fines de lucro que promueve diversos derechos civiles, emitió el jueves una transcripción de una audiencia del martes en un caso en que el gobierno federal demanda a una dueña local de tierras por su propiedad junto a la frontera con México. Muchos otros casos civiles han sido aplazados durante el cierre, desatado por la exigencia de Trump de recibir 5.700 millones de dólares para el muro.
De acuerdo con la transcripción, la jueza federal Micaela Alvarez hizo notar que los fiscales que trabajan en casos del muro fronterizo no han sido cesados pese al cierre.
El fiscal, Eric Paxton Warner, respondió: “Sólo se me permite trabajar en esto, su señoría”.
Warner y una vocera de la oficina local del fiscal federal no respondieron a mensajes. Un portavoz del Departamento de Justicia dice que cada fiscal tiene la autoridad para determinar qué casos civiles deben proceder o ser aplazados, pero que los casos civiles serían aplazados “siempre que esto pueda hacerse sin comprometer a un grado significativo la seguridad de la vida humana ni la protección de la propiedad”.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo el año pasado que planeaba comenzar la construcción en febrero. Pero, a diferencia de otras partes de la frontera, la mayor parte de los terrenos fronterizos en el sur de Texas son propiedad privada. Eso requiere que el gobierno los obtenga por expropiación, demandando a los dueños en casos que pueden llevarse meses o años. Algunos dueños de tierras que serían afectados han prometido que demandarán al gobierno.
Efren Olivares, abogado del Texas Civil Rights Project, acusó al gobierno de estar “obsesionado” con un muro fronterizo a expensas de otros asuntos.
"Como alguien que también está lidiando con casos de reunificación familiar en los que los abogados del gobierno nos están diciendo que no pueden hacer nada para ayudarnos debido al cierre del gobierno, es extremadamente molesto y frustrante”, dijo.
El caso que condujo a la audiencia del martes fue iniciado hace 11 años, durante el último gran esfuerzo para erigir barreras fronterizas bajo la Ley de la Cerca Segura. Involucra una sección de tierra en Los Ebanos, un pueblo de unos 300 habitantes junto a un meandro del río Grande (río Bravo), que separa Estados Unidos de México.
Olivares dijo que el gobierno federal ya obtuvo la tierra que deseaba de la propietaria, Pamela Rivas, pero que ambas partes aún no han llegado a un acuerdo en torno a la compensación.
El gobierno no construyó finalmente la cerca allí, por preocupaciones sobre la posibilidad de que una barrera causase inundaciones en el pueblo. Warner dijo en la corte que el gobierno planeaba construir un “muro o una cerca” de seis metros (18 pies) de altura en la propiedad de Rivas si recibe los fondos este año. La jueza Alvarez apuntó que la disputa sobre los fondos en cuestión había llevado al cierre del gobierno.
"Es por eso que tenemos el cierre, así es”, dijo Warner, de acuerdo con la transcripción.
Los fiscales federales continúan procesando casos penales y algunos civiles. Pero varios casos civiles relacionados con inmigración han sido aplazados indefinidamente. La Oficina Administrativa de las Cortes Federales dijo el miércoles que calcula que puede seguir operando a plena capacidad hasta el final de la próxima semana.
