Puerto Rico: reestructuración de deuda va a tribunal federal

SAN JUAN (AP) — Una audiencia para una gran reestructuración de la deuda de Puerto Rico inició el miércoles, mientras manifestantes advertían que el acuerdo podría endeudar aún más al territorio estadounidense y los partidarios argumentaban que aseguraría los fondos que el gobierno necesita con urgencia.

La audiencia gira en torno a una deuda de más de 17.000 millones de dólares respaldada por bonos de impuestos sobre las ventas emitidos por el gobierno y que representa casi un tercio de la deuda total garantizada. El plan de reestructuración fue aprobado por votación de más de 8.000 tenedores de bonos, de acuerdo con una junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla y considera que el plan es crucial para la recuperación económica.

Al iniciar la sesión, la jueza Laura Taylor-Swain dijo que recibió cientos de cartas, correos electrónicos y mensajes de personas incluso de quienes “invirtieron todos sus fondos de retiro y dicen que necesitan que se les regrese todo para sobrevivir”.

Agregó que las preocupaciones de todos son importantes y significativas, pero que hay contratos y acuerdos legales que deben considerarse.

“No hay un fallo que pueda reconciliar a la perfección todas las preocupaciones”, dijo

De ser aprobado, el plan significa que el gobierno puertorriqueño deberá saldar la deuda a lo largo de 40 años. Los tenedores principales de bonos, con casi 8.000 millones de dólares, serán los primeros en cobrar y recibirán el 93% del valor original de los documentos. Los de segunda instancia, muchos de los cuales son inversionistas puertorriqueños individuales y tienen en total casi 10.000 millones de dólares, cobrarán después y recuperarán el 54%.

El economista Martín Guzmán, de la Universidad de Columbia, advirtió que si se aprueba el plan, Puerto Rico pagará 32.000 millones de dólares en los próximos 40 años.

Dijo que a la gente le resulta difícil comprender las consecuencias de semejante plan sobre sus vidas antes de empezar a sentirlas.

“El riesgo es que Puerto Rico se convierta en una isla para pocos, con una elite que vive acomodadamente y una clase media que busca realizar sus sueños en otra parte”, dijo.

Durante la audiencia, el abogado del gobierno Peter Friedman dijo que el acuerdo aseguraría el dinero para que el gobierno pueda continuar ofreciendo servicios básicos.

“Los tenedores de bonos no darán más dinero si el acuerdo se rechaza”, dijo. “El lujo que no nos podemos dar es perder y no recibir nada”.

Más de un centenar de manifestantes se reunieron enfrente del tribunal antes de empezar la audiencia. Al comenzar a llegar los abogados al tribunal, los manifestantes gritaron, “¡Buitres, buitres!” y algunos levantaron el dedo medio.

Johnny Rodríguez, un empleado federal de 57 años que viajó casi una hora del pueblo montañoso de Juncos, dijo que quería defender a la gente de su isla.

“Somos las víctimas”, dijo. “Ante la situación que está viviendo la isla, es condenar a futuras generaciones y obligarlos a seguir cargando la deuda”.

En la protesta también estaba presente la ex senadora de Puerto Rico María de Lourdes Santiago, quien tomó el megáfono para condenar lo que dice es un consejo de control federal que dañará al futuro de Puerto Rico.

Dijo que el acuerdo de reestructura es “socialismo para los ricos” y que le preocupa que el gobierno se verá obligado a quitar los fondos y servicios básicos de las personas para pagar su deuda.

No está claro cuándo se conocerá la sentencia. Taylor-Swain ha dispuesto dos días para la audiencia. De ser aprobado, sería el segundo plan de reestructuración de deuda desde que Puerto Rico se declaró en mora en 2015.

El gobierno de Puerto Rico declaró una forma de bancarrota en mayo de 2017. En noviembre de 2018, completó su primer acuerdo de reestructuración de deuda con los acreedores que tenían más de 4.000 millones de dólares en deuda emitidos por el ahora extinto Banco Gubernamental de Fomento, que alguna vez emitió préstamos y supervisó las transacciones de deuda de la isla. Ese mismo mes, el gobernador Ricardo Rosselló aprobó una medida que autorizaba el acuerdo que involucraba bonos respaldados por un impuesto sobre ventas y uso sin audiencias públicas.

Como resultado de la crisis económica y las consecuencias del huracán María, que azotó a la isla en septiembre de 2017 como una tormenta categoría 4 y causó daños estimados en 100.000 millones de dólares, la población de Puerto Rico se ha disminuido en aproximadamente una década de 3,7 millones de habitantes a 3,2 millones.