Junta pide invalidar 6.000 millones de deuda de Puerto Rico
SAN JUAN (AP) — La junta federal que controla las finanzas de Puerto Rico pidió a un tribunal invalidar más de 6.000 millones de dólares en deuda emitida por la isla, una medida que podría afectar a los inversionistas.
La junta declaró la noche del lunes que la deuda incluye todos los bonos de obligación general emitidos en 2012 y 2014 en "clara violación" de los límites establecidos por la Constitución puertorriqueña. Un grupo de acreedores que se sumó a la solicitud alegó además que la deuda viola las restricciones presupuestarias, ya que es dinero usado para gastos deficitarios.
Si un juez federal coincide con esa apreciación, los tenedores de bonos perderían sus inversiones.
Las conclusiones de la junta surgen después de una extensa investigación iniciada en septiembre de 2017 de toda la deuda emitida por Puerto Rico y su relación con la actual crisis financiera de la isla.
"Es realmente un hito", dijo a The Associated Press el economista puertorriqueño José Caraballo. "Es quizás la movida más acertada que ha hecho la junta en sus dos años".
No queda claro cuándo decidirá el juez sobre la solicitud, pero Caraballo afirmó que la medida le da al gobierno poder de negociación, destacando que Detroit tomó una decisión similar en su proceso de bancarrota. Afirmó que quienes compraron bonos de obligación general en ese lapso podrían aceptar un recorte sustancial en vez de una pérdida total. Advirtió que la mayoría son fondos de inversiones de alto riesgo, no personas individuales.
"Era una emisión bien especulativa", dijo Caraballo. "Corrieron el riesgo de prestar a un gobierno que sabían que estaba en problemas e ignoraron el margen que está establecido por la Constitución".
Ningún funcionario ha sido acusado de emitir deuda por encima de los límites establecidos por la Constitución. El ahora desaparecido Banco de Fomento de Puerto Rico, que emitió préstamos y supervisó transacciones de deuda, cesó sus operaciones en marzo en medio de una recesión que lleva ya 12 años.
Puerto Rico está tratando de reestructurar parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y un juez tiene programada una audiencia de dos días a partir del miércoles sobre un importante caso de reestructuración de deuda que involucra bonos respaldados por un impuesto de venta y servicio.
Una organización activista, Hedge Clippers, elogió a la junta de control por su medida contra la deuda presuntamente ilegal y dijo que también debería de cancelar la deuda relacionada a bonos de impuesto de venta y servicio.
“Aun en este momento de lucidez, la junta sigue defendiendo los intereses de los tenedores de bonos que promueven un acuerdo que tendrá consecuencias desastrosas para las familias puertorriqueñas”, dijo la organización.
El gobierno de Puerto Rico anunció en junio de 2015 que no podía pagar sus deudas y declaró un tipo de bancarrota en mayo de 2017.