CICIG: estructuras se niegan perder privilegios en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo que estructuras en el poder que cooptan el Estado y se niegan a perder privilegios son las que se resisten a que el organismo de las Naciones Unidas continúe su labor en la nación centroamericana.

En una carta enviada al secretario de la ONU, Velásquez expone sus puntos de vista sobre los motivos que llevarían al gobierno guatemalteco y a otros sectores poderosos en el país ha ensañarse contra la CICIG y terminar con su trabajo en Guatemala.

Esta es la primera vez que el titular de la comisión responde a la más reciente cadena de ataques y decisiones gubernamentales que están impidiendo que la comisión cumpla con su trabajo en Guatemala.

“Con mayor intensidad desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder, las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado”, expone Velásquez en la misiva enviada a los medios.

El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció el lunes que de manera unilateral y de inmediato ponía fin al mando de la comisión, pese a que el mismo firmó y solicitó en 2016 que el ente permaneciera hasta septiembre de 2019.

La acelerada decisión de Morales llegó después de que la comisión presentara en 2017 y 2018 acusaciones contra el gobernante y su familia por actos de corrupción y de financiamiento electoral anónimo e ilícito del partido que lo llevó al poder en 2015.

Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó las intenciones de Morales y otorgó un amparo provisional para que la comisión continúe su trabajo, en un fallo que llegó horas después de que la comisión evacuara del país a todo su personal internacional debido a que el gobierno les había dado un plazo de 24 horas para abandonar el país. La comisión dijo que el estado guatemalteco no garantizaba la seguridad de su personal.

Morales ha argumentado que decidió terminar con el mandato de la comisión porque se inmiscuye en asuntos internos. Velásquez respondió al respecto que el acuerdo de creación de la comisión establece que esta puede promover reformas jurídicas e institucionales para prevenir el crimen y de ello han formulado 34 reformas legales con el acompañamiento del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la misma presidencia.

El mandatario también acusa a la comisión de abusar de la prisión preventiva, sin embargo, solo un juez puede ordenar la prisión “y este lo hace cuando hay riesgo de fuga o peligro de obstaculizar la investigación por parte del sindicado”, dice la carta.

“La CICIG investiga estructuras criminales de alto poder e influencia en la institucionalidad y la sociedad guatemalteca”, reitera Velásquez en su misiva.

Morales ha mantenido que CICIG realiza investigaciones selectivas e ideologizadas, ante lo cual Velásquez responde que no hay evidencia de esto y que sus casos han generado imputaciones contra personas supuestamente relacionadas a con redes ilegales, de toda extracción social, origen y ubicación ideológica, políticos de diferentes corrientes, empresarios, jueces, policías, miembros del ejército y personas particulares.

“Se ha afirmado que la CICIG debilita a las instituciones nacionales. Las clave de las transferencias de capacidades que realiza CICIG, es desarrollar los procesos de investigación y litigio de manera conjunta y cotidiana entre funcionarios nacionales y personal de la comisión”, dice la carta y agrega que “la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta pero eso no debe frenar los esfuerzos globales”.

CICIG tiene 11 años de funcionar en Guatemala, tiempo durante el cual ha coadyuvado en la desarticulación, junto al Ministerio Público, de más de 60 organizaciones criminales, logrado condena contra más de 300 personas y mantiene sujetas a proceso a otras 600 acusadas de corrupción.

“Para poder erradicar la corrupción se debe combatir desde la raíz y ello incluye prevenir que organizaciones criminales y grupos de poder financien la política para posteriormente utilizar la administración publica en beneficio propio y en detrimento del bien común”, dice Velásquez sobre los cuestionamientos de que también interfiere en asuntos electorales.

El viernes seguían creciendo las críticas contra la medida de Morales y el respaldo nacional e internacional en favor del trabajo de la CICIG, mientras que varias organizaciones han convocado para el sábado a manifestaciones contra Morales en la capital y departamentos del país.