Argentinos resisten nueva suba tarifas servicios públicos
BUENOS AIRES (AP) — Trabajadores asalariados, jubilados, dueños de comercios y pequeñas empresas en quiebra y familiares de pacientes electrodependientes se contaban entre los varios cientos que se movilizaron el jueves en Buenos Aires contra el aumento de tarifas de servicios públicos que son uno de los ejes del plan ajuste del gobierno de Mauricio Macri.
Sindicatos, organizaciones sociales y partidos opositores convocaron a una marcha de antorchas desde la histórica Plaza de Mayo hasta el Congreso bajo la consigna “Basta de tarifazos”, en referencia a las fuertes subas en las facturas de servicios públicos, que en el caso de la electricidad promediaron entre 1.053% y 2.388% y las de gas entre 462 y 1.353% desde 2015, según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).
“Soy pensionado, no se puede más”, se leía en un cartel sostenido por un anciano con un típico poncho de gaucho y con un farol de luz a kerosene.
“El tarifazo es la mayor estafa al pueblo argentino”, apuntó Eduardo Verneit, de 73 años. “Es un ajuste real. Yo cobro 8.400 pesos (221 dólares) de jubilación. De gas y luz pago 2.500 pesos (65 dólares). Pero no es solo, medicamentos, comida, viajes. Para alimentarse queda cada vez menos. Esta es la protesta. No se puede seguir así”.
Los jubilados y los pensionados, así como también los trabajadores asalariados, se cuentan entre los más afectados por estas subas teniendo en cuenta que se dan en un contexto de una inflación que en 2018 fue de alrededor de 48%, según el cálculo de los economistas.
Pese a tratarse de una medida impopular, el gobierno de Macri responsabiliza por los aumentos de los servicios públicos a la política energética del anterior gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), que mantuvo tarifas económicas a costa de desinversión en el sector que obligaron al país a importar energía.
El recorte del esquema de subsidios diseñado por la anterior administración para mantener a bajo costo el consumo de servicios públicos es también uno de los ejes centrales del plan de ajuste que lleva adelante Macri para reducir el déficit fiscal, una de las condiciones centrales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un rescate de 56.000 millones de dólares el último año.
La semana pasada el gobierno anunció los incrementos en las tarifas de servicios públicos (en el caso de electricidad 55%), boletos de transporte público y peajes de carreteras para este año, en el cual el presidente Macri buscará la reelección por otros cuatro años.
Para morigerar el impacto de las subas, el gobierno ha impuesto una tarifa social para los sectores más vulnerables de la población, pero que según los convocantes a la protesta no bastan.
“Están corriendo riesgo de vida nuestros familiares”, advirtió Marcela Gómez, mamá de un niño de 8 años conectado a un respirador artificial desde que nació y miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes.
“Las familias electrodependientes tienen personas conectadas con un montón de aparatos para que sus familiares se mantengan con vida y les están llegando facturas de 50.000 (1.300 dólares) y 70.000 pesos (1.800 dólares), avisos de corte, en algunos casos les cortan la luz”, lamentó.
